Diputación logra un superávit de 16´5 millones de euros y disminuye el periodo medio de pago a 59 días

La Diputación de Cádiz cerró el presupuesto de 2017 con una liquidación positiva de 16´5 millones de euros. Los remanentes de tesorería para gastos generales se cifran en 30 millones. Los dos saldos citados son términos consolidados, es decir que corresponden a la actividad de Diputación y de los organismos y empresas públicas dependientes de la institución provincial. El equipo de gobierno que preside Irene García cumplió el 85 por ciento de los ingresos (230 millones en cifras absolutas) y el 80% de los gastos (213 millones). El endeudamiento se fijó en un 62% de los recursos liquidados, 40 puntos menos que hace tres años cuando empezó la andadura del actual gobierno provincial y 50 puntos menos del límite legal. El ahorro neto superó el 19 por ciento.

Los datos citados han sido expuestos por el responsable del área de Servicios Económicos de Diputación, Jesús Solís, para confirmar el cumplimiento de todos los parámetros legales que acreditan la salud económica de una entidad pública: estabilidad económica, regla de gasto y límite de endeudamiento. Solís ha destacado que esos registros no responden a una visión austera del ejercicio político, sino todo lo contrario: “Hemos llevado al límite el gasto imputable que nos autorizaba el Ministerio de Hacienda”. Diputación, conforme a las exigencias de la normativa estatal, podía asumir un gasto máximo de 172 millones de euros, “y en una decisión casi de ingeniería contable hemos podido invertir 170 millones”. El responsable de Servicios Económicos ha aprovechado esta rendición de cuentas para insistir en una reivindicación que las entidades locales reclaman ante el Ministerio de Hacienda: la opción de destinar todo superávit y remanente positivo en inversiones que necesite la ciudadanía.

Jesús Solís considera que el gobierno de Diputación se caracteriza por ser expansivo en las inversiones públicas. En tres años se han emprendido cuatro planes de cooperación local que han agrupado un saldo de 17 millones de euros, así como dos planes Invierte que suman 24 millones. Ambos programas están sostenidos exclusivamente con superávit y remanentes de Diputación, al objeto de propiciar contrataciones, servicios públicos de calidad para los municipios y faena para empresas locales de la construcción. Esos beneficios sociales podrían ampliarse si el Ministerio de Hacienda “abandonara los criterios austericidas y no penalizara a las entidades locales”.

La liquidación del presupuesto ha coincidido con la obtención del periodo medio de pago (PMP) del mes de abril y que se ha tasado en 59 días, según consta en un informe de la Tesorería de Diputación que ya se ha remitido a la Junta de Andalucía en calidad de órgano de tutela. Con este dato se disipa la amenaza de retención sobre los ingresos procedentes de la Participación en los Ingresos del Estado, según ha confirmado Solís en referencia a las manifestaciones emitidas desde el Ministerio de Hacienda. “Nuestro próximo objetivo, tras normalizar el periodo medio de pago, será bajar de 30 días tal como conseguimos en el primer semestre de 2017” .

El responsable de Servicios Económicos ha recordado que el PMP se desvió en septiembre de 2017, al tener que reconocer más de 350 facturas de proveedores “que no estaban conformadas” con un saldo de 1´5 millones de euros por servicios encomendados por el anterior gobierno de Diputación. Facturas que al ser de años anteriores engrosaban sensiblemente el promedio de pago. Esa circunstancia, según ha descrito Solís, “se explicó públicamente a los medios de comunicación, a la oposición y al Ministerio de Hacienda, indicando que en abril normalizaríamos la situación, tal como se está cumpliendo”. Frente a esas aclaraciones “sólo encontramos sectarismo y reiteradas peticiones de dimisión”.

Loaiza acusa a Irene García de convertir en un “agujero negro” la Hacienda provincial

El portavoz del PP en Diputación, José Loaiza, ha acusado a la presidenta de la institución, Irene Garcia, de convertir la Hacienda provincial en un “agujero negro”, después de que el grupo popular haya conocido la liquidación de facturas de 2017 por valor de 180.000 euros que no han sido debidamente contabilizadas. Con estas cantidades y en solo un mes, han aflorado pagos por valor de medio millón de euros.

Loaiza indica que, “por un lado, Diputación ha aprobado ahora la justificación de gastos por valor de 83.300 euros para ocho municipios por subvenciones otorgadas a dedo el año pasado para ayudar económicamente a organizar fiestas locales, acreditando un sectarismo y un oscurantismo intolerables”. En todos estos casos, Diputación asume que ha recibido la documentación justificativa dentro del ejercicio 2017, pero “no ha podido tramitar el reconocimiento de la obligación antes de finalizar el año”.

Concretamente, Diputación paga ahora 1.500 euros a San Isidro del Guadalete para la Romería de San Isidro; 10.000 euros para la Feria y 1.800 para la Semana de la Mujer Bolichera, a Puerto Serrano; 8.000 euros para las fiestas patronales de Algar; 15.000 euros para la recreación histórica del 2 de mayo de 1810, a Algodonales; 8.000 euros para la Feria de San Miguel de Arcos y 2.000 euros para la publicación de la revista Piedra del Molino; 10.000 euros para la Feria de Bornos y Coto de Bornos; 25.000 euros a Tarifa para la Feria Ganadera; y, finalmente, 2.000 euros para Carnaval.

Por otro lado, Loaiza ha desvelado pagos por más de 100.000 euros para hacer frente a 87 facturas correspondientes a una veintena de contratos del ejercicio 2017 que tampoco han sido imputadas a dicho ejercicio contable. Diputación, ha remarcado, asume igualmente que el gasto correspondiente a dichas facturas habían llegado debidamente a la fase de disposición del gasto en el ejercicio correspondiente a su realización.

Estas cantidades se suman a otros 330.000 euros de servicios facturados en 2017 pero que no fueron abonados hasta el ejercicio corriente porque Diputación argumentaba errores informáticos en la contabilidad.

Loaiza ha reiterado su petición de explicaciones públicas tanto de la presidenta de la Diputación, Irene García, como del responsable económico, Jesús Solís. El portavoz popular ha considerado que “las trampas y el caos contable de la institución provincial tienen que aclararse y conocer qué está haciendo con el dinero de todos los gaditanos” y ha advertido de que “las cifras del desastre son peores porque hay facturas, como ha quedado demostrado, en el limbo”.

Aun así, ha subrayado, que “el periodo medio de pago de Diputacion se sitúa por encima de los 278 días al término del primer trimestre” y alerta de que “aún queda mucho por descubrir”.

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