De la Encina se reúne con los representantes sindicales y coinciden en lamentar la inconcreción del cambio de modelo que propone la Consejería
El diputado David de la Encina ha mantenido una reunión con representantes de los sindicatos de la Diputación: UGT, CCOO, CSIF, CGT y ASEPI, con quienes ha tratado sobre la situación de los centros de tratamiento ambulatorio, CTA, en la provincia. En este encuentro, el diputado ha compartido la información de la que dispone sobre la ruptura del convenio por parte de la Junta de Andalucía, los asuntos tratados al respecto en la reunión celebrada recientemente con el director general de Servicios Sociosanitarios de la Consejería de Salud y Familia, José Repiso, y las acciones que hasta la fecha ha emprendido para exigir la estabilidad de este servicio público.
Los diferentes interlocutores de esta reunión han coincidido en la necesidad de que la Junta de Andalucía concrete un modelo que asegure el sostenimiento de esta red pública de atención a las adicciones y que ofrezca garantías sólidas de estabilidad para su plantilla y usuarios, sin mermas en la calidad del servicio.
“La Diputación y los sindicatos han mostrado su coincidencia en este aspecto y han elevado este mensaje único, ante un nuevo modelo de la Junta, aun sin concretar, que puede variar año a año, y que genera incertidumbre entre la plantilla de trabajadores”, ha explicado de la Encina tras la reunión. El diputado ha destacado la labor de estos empleados públicos “que han acreditado sobradamente su profesionalidad y su vocación, claves para un servicio que se viene prestando de manera impecable desde 1985, y cuyo modelo de gestión la Junta quiere variar, sin que sepamos ni el por qué, ni cómo van a funcionar y financiarse los CTA a partir de ahora”.
Fue en ese año, 1985, cuando la Junta de Andalucía y las entidades locales, entre ellas la Diputación de Cádiz, principal sostenedora económica y gestora de la red, firmaron un convenio que se ha mantenido en vigor hasta 2019 y que la Junta no renovará para sustituirlo por una orden de subvenciones variables cada año. “Los sindicatos comparten la preocupación que ya ha trasladado la Diputación a los responsables del Gobierno Autonómico, ante la ruptura unilateral de un sistema que funcionaba para sustituirlo por un modelo que aun no está definido y que deja entreabierta la puerta a cambios de criterios cada año, la arbitrariedad en las cantidades que aporta la Junta, la aplicación de recortes e incluso la privatización del sistema”, sostiene el diputado provincial.
La Diputación, que abona casi cuatro millones de euros, más de dos tercios del total del coste de la red y que ha solicitado a la Junta la corresponsabilidad a partes iguales en el sostenimiento de la misma, ya tuvo que adelantar de sus propios fondos la parte que la Consejería de Salud tenía que aportar al servicio de drogodependencias en 2019, pues no hizo efectivo el ingreso de la cantidad recogida en el convenio hasta el 27 de diciembre. Para 2020 aún no se conoce qué cantidad aportará a través de esa orden de subvenciones ni cuando la hará efectiva.
Además, De la Encina, a través de una circular, ha informado de la actual situación a toda la plantilla de trabajadores de la red de 17 CTA de la provincia, para que también conozcan de primera mano las acciones que la Diputación está impulsando para garantizar este servicio público.