La negativa del Partido Popular a poner en marcha el bono social eléctrico no tiene tanto que ver con el coste que supondría su implantación como con una percepción filosófica del concepto de asistencia social. La aprobación del bono hubiera supuesto que los beneficiarios entendieran esta ayuda como un derecho, como algo que pueden exigir al que ostenta el poder, en lugar de una dádiva que el dirigente otorga en su graciosa magnificencia.
La derecha no puede permitir que los menos favorecidos se sientan víctimas de la economía capitalista y que el coste que supondría este bono se entienda como un impuesto que ayude a paliar los daños ocasionados. Los «parias de la Tierra» deben interiorizar que su situación se debe a su propia responsabilidad y que por tanto no merecen más ayuda que la que dicta la caridad cristiana.
Además, la arbitrariedad en el otorgamiento de estas ayudas que el Partido Popular ha venido empleando durante sus veinte años al frente del Ayuntamiento favorece la creación de una ciudadanía obediente, que se lo piense dos veces antes de hablar, con «tanto Twitter y tanta opinión».
Los populares han optado por aplicar en Cádiz el austericidio que desde Europa seguimos padeciendo los estados del sur. Y cuando la presión sobre los más débiles llegue a un punto que decidan echarse a la calle se aplica la Ley Mordaza, así demostramos a los inversores nuestra capacidad de aguante al pisoteo, que es lo que en realidad importa. Olvídese de la capacitación técnica, el I+D y todas esas gaitas, invierta aquí que mis ciudadanos son capaces de sonreir mientras les asfixia.
Destinemos los recurso públicos a ponerle un pisito recién reformado al director de la DGT que es una persona de bien y para él toda ayuda es poca, no a esos que se pasan el día sentados en el parque con mirando la pantalla de su iphone.