El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz) ha solicitado sendas reuniones con la Tesorería General de la Seguridad Social y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta de Andalucía para buscar una solución al edificio del antiguo hospital, donde el hallazgo de restos humanos abandonados se hizo viral por la redes sociales la pasada semana.
Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, paralelamente a estos contactos con administraciones públicas, el equipo de gobierno se reunirá con la asociación de vecinos ‘La Esperanza’, de la barriada de San Bernardo, para plantear un calendario de movilizaciones de protesta.
«La situación ha llegado a un punto de no retorno y esperamos actuaciones decididas ya, porque la barriada no puede esperar», ha manifestado el alcalde, Juan Franco, al término de una reunión con los portavoces de los grupos municipales para decidir las acciones del Ayuntamiento tras la aprobación unánime en el último pleno de una moción conjunta para la urgente adopción de medidas en el inmueble.
El alcalde ha afirmado que la situación generada por este edificio como «uno de los problemas más graves y serios de la ciudad», debido a que el otrora motor económico de la zona de San Bernardo «se ha convertido en un auténtico agujero negro que no solo no genera economía, sino que además es una fuente constante de problemas».
Asimismo, ha señalado que en estos días ha conocido que la Junta va a llevar a cabo el sellado del edificio. No obstante, ha estimado esta medida como «insuficiente, tres años después de su cierre».
Juan Franco, ha recordado que por parte municipal se han intentado varias opciones, como su conversión en centro universitario o en ciudad de la justicia. En el primer caso, mantuvieron contactos con la Universidad Católica de Murcia, Universidad Católica de Valencia y Universidad de Cádiz, entidades que descartaron el proyecto por inviable, debido a la complejidad y el coste de la obra en un edificio de esas dimensiones.
Tampoco fructificó la idea de una ciudad de la justicia con la ubicación de una nueva comisaría de la Policía Nacional, la sede de los juzgados y la jefatura de la Policía Local, pues las administraciones estatal y autonómica se han decidido por nuevas construcciones en solares exentos, ha explicado el alcalde, que ha señalado que otro problema añadido es la existencia de fibrocemento (material que contiene amianto) que habría que encapsular con un alto coste económico. Por todo ello, «la opción más viable, por desgracia, sería la demolición», ha concluido.