El Colegio de Abogados de Cádiz pide una solución urgente a la pasarela al RETA para mutualistas
El Colegio de Abogados de Cádiz reclama a los grupos parlamentarios que desbloqueen la pasarela al RETA para mutualistas ante el debate previsto este 28 de abril en el Congreso, una medida que afecta a más de 100.000 profesionales en toda España.
El Colegio de Abogados de Cádiz ha reclamado una solución “urgente, justa y viable” para la pasarela al RETA para mutualistas, cuya tramitación parlamentaria afronta una fase decisiva este 28 de abril en el Congreso de los Diputados. La Junta de Gobierno de la institución, presidida por el decano José Adolfo Baturone, ha acordado trasladar su respaldo a las reivindicaciones del colectivo afectado y pedir a los grupos parlamentarios que impulsen sin más demora la proposición de ley.
La reunión prevista en la Cámara Baja abordará la situación de los abogados y otros profesionales adscritos a mutualidades alternativas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), un sistema que durante años ha permitido optar por una cobertura distinta a la de la Seguridad Social. Según el Colegio gaditano, el debate afecta directamente a más de 100.000 profesionales en España.
La denominada pasarela al RETA para mutualistas plantea la posibilidad de que quienes cotizan o han cotizado en mutualidades alternativas puedan incorporarse al sistema público en determinadas condiciones. El colectivo reclama una regulación que garantice pensiones suficientes y seguridad jurídica, especialmente para quienes, tras décadas de ejercicio profesional, se enfrentan a prestaciones consideradas insuficientes.
En un comunicado fechado el 27 de abril, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Cádiz señala que la situación actual continúa bloqueada y genera incertidumbre entre los profesionales afectados. La institución considera que el debate no debe aplazarse más, tras más de tres años de movilizaciones y negociaciones en torno a esta cuestión.
El Colegio respalda las demandas planteadas por asociaciones y plataformas de mutualistas, que han mantenido contactos con el Consejo General de la Abogacía Española para fijar una posición común. En esos encuentros han participado representantes de distintos colectivos, entre ellos asociaciones de abogados, agrupaciones de mutualistas y organizaciones sindicales del sector.
Según el Colegio gaditano, cualquier solución legislativa sobre la pasarela al RETA para mutualistas debe basarse en principios como la voluntariedad, la equidad, la suficiencia de las prestaciones, la seguridad jurídica y la protección efectiva de los derechos adquiridos. La institución subraya que la futura norma debe evitar situaciones de exclusión y ofrecer garantías reales a los profesionales afectados.
En la provincia de Cádiz, el impacto potencial de la reforma alcanza a abogados que, a lo largo de su trayectoria, optaron por sistemas alternativos de previsión social. Aunque el Colegio no ha facilitado cifras desglosadas a nivel provincial, la medida forma parte de un debate que afecta al conjunto de la abogacía española y que tiene repercusión directa en despachos y profesionales del ámbito local.
El decano y la Junta de Gobierno han hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios para que aprovechen la tramitación en el Congreso y den respuesta a una reivindicación que consideran sostenida en el tiempo. El objetivo, según trasladan, es que la regulación que se apruebe ofrezca una solución definitiva para quienes afrontan su jubilación con incertidumbre sobre la cuantía de sus prestaciones.
La pasarela al RETA para mutualistas se ha convertido en uno de los principales asuntos de debate en el ámbito de la abogacía en los últimos años. La sesión parlamentaria de este 28 de abril marcará un nuevo paso en la tramitación de la proposición de ley, en un contexto en el que los colegios profesionales y las asociaciones del sector mantienen la presión institucional para que se adopten medidas concretas.
El Colegio de Abogados de Cádiz ha expresado su disposición a continuar acompañando y reforzando institucionalmente las demandas del colectivo mientras se desarrolla el proceso legislativo.
