Jose Ramón Ortega, Diputado por Cádiz y Secretario de Organización de la agrupación municipal del PSOE de Cádiz, “No sería comprensible que no hubiera unanimidad en el Congreso para convalidar una medida de solidaridad y justicia social, que redistribuirá riqueza para erradicar la pobreza extrema y busca la inclusión social y laboral, acercándonos a los países más avanzados de Europa en derechos sociales. Como Diputado es un orgullo ser parte de la aprobación una norma como esta”.
“En Cádiz capital, unas 2.700 familias, es decir más de 9.000 personas muchas de ellas menores, podrán beneficiarse de una política social completa, que no se limita al abono de una prestación, sino que también comprende itinerarios de inclusión social y laboral, para conseguir que cada familia acabe logrando por sus propios medios los ingresos necesarios”.
Este miércoles, se votará en el Congreso de los Diputados, la convalidación del Real Decreto Ley 20/2020, por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital, ante lo cual el Diputado gaditano José Ramón Ortega, pide a las diferentes fuerzas políticas el apoyo a esta medida. “Es una medida muy necesaria, que va a ayudar a más de 3 millones de personas de las cuales más de un 30% son menores. En la provincia de Cádiz alcanzaría a unas 100.000 personas, más de 9.000 en la capital y ayudará a muchas familias que lo pasan mal, principalmente monoparentales y con hijos a cargo. No sería comprensible que no hubiera unanimidad en el Congreso para convalidar una medida de solidaridad y justicia social, que redistribuirá riqueza para erradicar la pobreza extrema y busca la inclusión social y laboral, acercándonos a los países más avanzados de Europa en derechos sociales.Como Diputado es un orgullo ser parte de la aprobación de una norma como esta”.
“Para la provincia de Cádiz será una medida muy importante, ya que más allá del propio ingreso del que podrán beneficiarse unas 38.500 familias en la provincia de las que unas 2.700 pertenecerían a la capital gaditana, la norma establece una política social completa con el objetivo de permitir la salida de situaciones de exclusión. Introduce itinerarios de inclusión social y laboral en colaboración con las administraciones autonómicas y locales que tienen competencia en estas materias y se incentiva la contratación de las personas beneficiarias. Por tanto, el objetivo no es perpetuar la necesidad de prestación, sino facilitar mecanismos a cada familia para que tenga la posibilidad de alcanzar por sus propios medios los ingresos necesarios. Además tanto las Comunidades Autónomas, como los Ayuntamientos verán liberados recursos que podrán destinar a otro tipo de prestaciones como rentas de emancipación, o a formación y empleo”, continuaba el también Secretario de Organización de los socialistas gaditanos.
Abundando en lo anterior, Ortega mostraba su rechazo las críticas que ha recibido la norma por parte de determinadas fuerzas políticas, sobre las posibilidades de fraude o la desincentivación de la búsqueda de empleo. “Además de los itinerarios de inclusión social y la incentivación a la contratación de beneficiarios de esta prestación, la norma también incluye importantes sanciones tanto a personas que se hayan beneficiado indebidamente, como a sus cooperadores necesarios, siendo la primera vez que una norma de este tipo recoge esta figura, que respondería de las sanciones solidariamente junto al infractor beneficiado. Por otra parte, las cantidades de las que estamos hablando son humildes, inferiores al SMI, por lo que como han acreditado varios estudios sobre prestaciones similares en Europa, no solo no desincentiva la búsqueda de empleo, sino que además será un nuevo factor contra la economía sumergida ya que los beneficiarios tendrán la obligación de presentar la declaración de la renta. En cuanto a la posibilidad de acceso por parte de inmigración irregular, se trata de un bulo que desmiente la Ley de Extranjería, como también es un bulo el supuesto efecto llamada, que de existir habría afectado a países con unas prestaciones superiores a las que recoge esta norma”.
Ortega finalizaba recordando las vías de acceso a esta prestación, “La Seguridad Social va a reconocer de oficio a unas 75.000 familias, que se prevé recibirán el primer abono de esta prestación el próximo 26 de junio. También se ha establecido un protocolo de colaboración con las comunidades autónomas, para que aquellas que lo acepten faciliten información para reconocer las prestaciones a quienes cumplan los requisitos del ingreso mínimo vital y ya estén recibiendo una prestación autonómica. El resto de potenciales beneficiarios desde hace unos días tienen a su disposición un simulador en la web del Ministerio de Seguridad Social en el que pueden conocer si tienen derecho a esta prestación que podrán solicitar a partir del 15 de junio a través de la sede electrónica de la Seguridad Social. Como cuarta vía, se firmará un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, al que podrán adherirse los Ayuntamientos, para que puedan presentarse a través de ellos las solicitudes, posibilitando la norma que los Ayuntamientos puedan destinar el superávit previsto al cierre del ejercicio a los gastos que les ocasione esta tramitación. Con todo esto, lo que se busca es dotar de la máxima agilidad posible esta prestación, que para aquellos que la vean reconocida y la hayan solicitado en los 3 primeros meses, tendrá efecto desde el 1 de junio”.