El Consejo Andaluz de Graduados Sociales critica la prórroga inesperada del sistema VERI*FACTU

El Consejo Andaluz de Graduados Sociales expresa su malestar por la prórroga del sistema VERI*FACTU, denunciando la falta de previsión y coordinación en la decisión del Ministerio de Hacienda.

El Consejo Andaluz de Graduados Sociales ha manifestado su “profunda preocupación y malestar” por la forma en que el Ministerio de Hacienda ha prorrogado la entrada en vigor del sistema VERI*FACTU, tras la aprobación del Real Decreto-ley que modifica los plazos establecidos en el Reglamento regulador de este mecanismo de control de facturación. La decisión, anunciada tras el Consejo de Ministros, supone un retraso inesperado que afecta a miles de autónomos, pymes y empresas andaluzas que ya habían iniciado su proceso de adaptación.

Según explica la entidad, la prórroga se ha comunicado sin la previsibilidad necesaria ni la coordinación adecuada con los sectores profesionales implicados. El presidente del Consejo Andaluz, José Blas Fernández, lamenta que el cambio normativo llegue después de meses de trabajo intenso en los despachos profesionales, que han invertido recursos en formación, asesoramiento técnico, adaptación de software y preparación de procedimientos para cumplir con la normativa vigente.

En declaraciones difundidas por la institución, Fernández considera inaceptable que, tras esta labor “ingente”, la Administración haya anunciado de manera sorpresiva un aplazamiento sin evaluar el impacto real sobre quienes ya habían avanzado en su implantación. Los graduados sociales recuerdan que han sido, una vez más, la primera línea de apoyo para empresas y autónomos en todo el proceso de adaptación a la nueva regulación.

El cambio de calendario normativa supone que la obligación de adaptación al sistema VERI*FACTU para las empresas que debían cumplir a partir del 1 de enero de 2026 se posponga ahora al 1 de enero de 2027. Del mismo modo, la entrada en vigor prevista inicialmente para autónomos y el resto de empresas el 1 de julio de 2026 se aplaza al 1 de julio de 2027. Este escenario, aunque proporciona margen adicional a quienes no habían iniciado el proceso, genera —según el Consejo— un perjuicio real para quienes sí han actuado con diligencia.

La organización profesional subraya que la decisión evidencia una falta de coordinación institucional y un déficit de diálogo con los colectivos que gestionan a diario la realidad jurídica, laboral y fiscal del tejido productivo andaluz. A su juicio, la improvisación en la comunicación de la prórroga provoca inseguridad jurídica en un momento en el que las empresas necesitan claridad para planificar inversiones y cambios operativos.

El Consejo Andaluz reclama al Ministerio de Hacienda una planificación más seria y consensuada, que tenga en cuenta la carga de trabajo asumida por los profesionales y que evite que decisiones de última hora penalicen a quienes han cumplido con los plazos establecidos. Además, solicita que la Administración estudie posibles mecanismos de compensación o apoyo para aquellos que ya han realizado inversiones técnicas y formativas con vistas a la entrada en vigor del sistema.

A pesar del malestar generado, los Graduados Sociales andaluces reiteran su compromiso con el asesoramiento profesional y el apoyo continuo a empresas y autónomos. No obstante, insisten en la necesidad de respeto institucional y certidumbre normativa para poder desempeñar su labor de manera eficaz en un entorno regulatorio que afecta diariamente al tejido productivo de la comunidad.