El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales ha mostrado hoy su preocupación por la situación de la Justicia Social en Andalucía, que ha ingresado el pasado año un 7% más de asuntos que el año anterior, manteniendo una línea ascendente, según los datos de la Memoria Anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El presidente del Consejo Andaluz, José Blas Fernández Sánchez, ha alertado hoy de la preocupante situación de la Justicia Social en nuestra comunidad y ha reclamado la adopción de medidas urgentes ante la situación de colapso de los juzgados.
La memoria revela que los despidos en los Juzgados de lo Social han ascendido un 5%, registrándose 16.066 asuntos de esa índole frente a los 15.347 del año 2016. El documento revela que algunos partidos judiciales están señalando juicios con un retraso incompatible con el derecho al plazo razonable que se precisa para ello.
La cantidad de asuntos ingresados en las tres Salas de lo Social del TSJA, repartidas entre Málaga, Sevilla y Granada, mantiene desde hace cuatro un repunte, aumentado la complejidad de muchos asuntos. Se ha resuelto menos de los asuntos ingresados y quedaron un total de 5.950 asuntos pendientes al final del ejercicio (un 18% más que el año anterior).
Otro aspecto preocupante para estos profesionales es el hecho de la Sala de lo Social del TSJA haya ingresado en el conjunto de sus tres sedes un total de 10.278 asuntos en el año 2017 (un 6% más que el año anterior). La mayor parte de estos ingresos fueron recursos de suplicación contra resoluciones de Juzgados de lo Social, lo que pone de manifiesto la necesidad de especializar esta jurisdicción para que no se produzcan sentencias recurridas.
La demarcación territorial del TSJA engloba 56 Juzgados de lo Social. Durante 2017 han estado adscritos jueces de Adscripción Territorial para reforzar los partidos judiciales de Almería, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla. En este último partido judicial continúa el plan de refuerzo, con la adscripción de cuatro jueces de refuerzo.
“La carga de trabajo existente no puede resolverse mediante parches temporales: la dotación de magistrados de refuerzo que no suelen durar mucho tiempo en sus puestos”, denuncia José Blas Fernández. “El incremento de asuntos sobrepasa todos los límites que marca el propio Consejo General del Poder Judicial”.
“Esta situación, que es generalizada en toda Andalucía, provoca una grave indefensión hacia el justiciable, en cuestiones de especial sensibilidad como son las de ámbito social y laboral, despidos, prestaciones por invalidez, impago de nóminas”, asegura el representante de los más de 9.000 graduados sociales andaluces.
“Faltan juzgados, jueces y, también funcionarios para tramitar las ejecuciones de sentencias en tiempo y forma. El sistema, de esta manera, genera desamparo entre nuestros clientes, los justiciables en materia social y laboral de toda Andalucía”, añade.
A juicio del presidente del Consejo, la Justicia Social debe ser objeto de un gran pacto institucional y político para que Gobierno, Junta de Andalucía y Consejo General del Poder Judicial, junto a los operadores jurídicos, busquen vías de solución y prioricen medidas para evitar el colapso de la Justicia Social