El Consejo de Gobierno ratifica el acuerdo con los sindicatos para la mejora del empleo público

El pacto, alcanzado en la Mesa General con CSIF, UGT y CCOO, estará vigente hasta diciembre de 2030 y marca un punto de inflexión en la modernización de la administración pública andaluza.

El Consejo de Gobierno ha ratificado el acuerdo alcanzado el 12 de noviembre de 2025 en la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral entre la Junta de Andalucía y los sindicatos CSIF, UGT y CCOO para impulsar la mejora del empleo público y garantizar la prestación de servicios de calidad en el marco de la Ley de Función Pública de Andalucía. Se trata de un pacto institucional de amplio alcance, fruto del consenso, que consolida la transformación de la administración y apuesta por un modelo de gestión más ágil, eficiente y orientado a la ciudadanía.

El acuerdo constituye una hoja de ruta estratégica hasta 2030 y supone la mayor renovación del empleo público en décadas. Establece un marco económico de 250 millones de euros en cinco años y sienta las bases para avanzar hacia un empleo estable, motivador y moderno, alineado con los retos tecnológicos, sociales y económicos de Andalucía.

Entre sus ejes principales destaca la implantación real de la carrera profesional y del sistema de evaluación del desempeño, con criterios objetivos y transparentes para reconocer el mérito, la dedicación y la excelencia del personal. También plantea una modernización profunda del sistema retributivo, sustituido progresivamente el complemento específico por un nuevo complemento de puesto vinculado a responsabilidad, dedicación y dificultad técnica, lo que permitirá corregir desigualdades históricas.

El acuerdo incluye además el compromiso de culminar el VII Convenio Colectivo del personal laboral de la Junta de Andalucía, firmado en 2002, para dotarlo de un marco actualizado en materia de igualdad, salud laboral, conciliación y desarrollo profesional.

Otro de los pilares es la reducción sostenida de la temporalidad estructural, que se situará por debajo del 8% mediante una programación plurianual de ofertas de empleo público y mecanismos de control para evitar abusos en la duración de los contratos. También prevé la reorganización del Servicio de Prevención Propio para reforzar la integración real de la salud laboral, y la creación de unidades administrativas compartidas para proyectos estratégicos o necesidades temporales.

El acuerdo se alinea con la Ley de Función Pública de Andalucía y con el Plan Estratégico de Recursos Humanos 2023-2030, con el objetivo de situar a Andalucía en la vanguardia de la gestión pública: una administración que actúe como motor económico, facilite la inversión, atraiga talento y se adapte a la revolución digital mediante estructuras flexibles y centradas en las personas.

La iniciativa reconoce al personal empleado público como eje de la transformación y apuesta por un marco estable que impulse la motivación, la carrera profesional y la estabilidad para mejorar la atención a la ciudadanía, reducir la brecha digital y fortalecer la capacidad de la administración para asistir a personas con menor alfabetización tecnológica.

El acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030.