El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha anunciado que va a iniciar una actuación de oficio para esclarecer las circunstancias en torno al profesor de 42 años que fue detenido a principios de este mes de noviembre acusado de un presunto delito de abusos sexuales a dos estudiantes de 8 y 9 años a las que daba clases en un colegio de Arcos.
Según ha explicado esta institución a Europa Press, se considera «justificado» iniciar este expediente para saber qué actuaciones se llevaron a cabo por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo para investigar los hechos denunciados cuando el docente trabajaba en centros de las provincias de Jaén y Cádiz también por delitos similares a los de Arcos y conocer el resultado de estas actuaciones.
Además, ha señalado que «sería necesario» que la Consejería informe al Defensor cómo se han producido los hechos en esta ocasión y qué actuaciones se han llevado a cabo por la administración andaluza para el esclarecimiento de lo ocurrido.
De esta manera la oficina del Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, «con las debidas reservas y la máxima cautela y preservando la presunción de inocencia del docente» considera «conveniente» emprender esta actuación de oficio en salvaguarda de los derechos de las menores afectadas y dada la gravedad de los hechos denunciados.
Los hechos que va a investigar ahora el Defensor de la Infancia y la Adolescencia en Andalucía desembocaron el 9 de noviembre en la detención del docente como presunto autor de un delito de abusos sexuales a dos alumnas menores de edad a las que daba clase y a las que habría realizado rozamientos y tocamientos.
El acusado tenía antecedente previos por hechos similares a menores de edad que ocurrieron en 2022 en Santiago de la Espada (Jaén), donde fue detenido, y en Prado del Rey (Cádiz) este mismo año por unos hechos por los que fue investigado. No obstante, como explicó la consejera de Desarrollo Educativo, Patricia Del Pozo, el profesor «no tenía nada en su certificado de penales» y «no constaba ningún antecedente en educación».
Eso, aseguraba «no obsta» a que «haya habido algún tipo de denuncia que no haya llegado a nada firme o no haya llegado a ninguna sentencia o no tenga un final» y que, «por tanto, no figure como un antecedente penal en toda regla» porque «puede haber algún procedimiento abierto, alguna denuncia que no haya tenido todavía su fallo final y eso no se recoge».
Tras pasar a disposición judicial en Arcos, se decretaron como medidas cautelares una orden de alejamiento de 200 metros sobre las dos víctimas y sobre los centros educativos, además de la suspensión de empleo y sueldo durante el plazo de seis meses mientras se investigan los hechos por parte de la Consejería.