Fernández, que ha recordado que aún hay 11 familias sin plaza de Bachillerato público, ha subrayado que la educación “es un derecho, no un negocio, y las familias tienen derecho a una educación pública y gratuita de calidad”
La concejala de Educación del Ayuntamiento de Cádiz, Ana Fernández, y el diputado provincial de Adelante Andalucía por la provincia de Cádiz, José Ignacio García, han denunciado hoy “el maltrato y el desprecio” con el que el Gobierno de la Junta de Andalucía está tratando a la educación pública en la provincia de Cádiz, con el cierre de 53 líneas educativas, 5 de ellas en la capital gaditana.
“Hemos venido mostrando nuestro total apoyo y respaldo a las reclamaciones y las reivindicaciones de la comunidad educativa, tanto de AMPAS como de profesorado, de centros como el colegio La Inmaculada y los institutos Drago, Rafael Alberti y San Severiano. Este último incluso con 11 familias a la reclamando escolarizar a sus hijos mientras desde educación se cierran líneas y se les da largas”, ha señalado la edil, que se ha mostrado contundente al afirmar que la educación “es un derecho, no un negocio. Y las familias tienen derecho a una educación pública y gratuita de calidad. Ésa debe ser la primera obligación de la Junta, garantizar y asegurar ese derecho. Pero parece que no está en sus prioridades, al menos no lo están demostrando, dejando bien claro su modelo educativo”.
Al respecto, García ha manifestado su preocupación ante los hechos, señalando que la Consejería de Educación, “que está en manos de Ciudadanos, está llevando a cabo un proceso sistemático de desmantelamiento de la educación pública en toda Andalucía, y es un proceso que inició el Gobierno del PSOE, aunque en los últimos meses se está acelerando, y de manera significativa en la ciudad de Cádiz”. “La ciudad de Cádiz es una de las grandes damnificadas de la política educativa de esta Consejería. Será casualidad que el Gobierno de las derechas ataque especialmente a la ciudad de Cádiz”, ha apostillado.
El parlamentario también ha señalado la “apuesta clara” del Gobierno de la Junta Andalucía por la educación privada y concertada, que se traduce en “desprestigio y desmantelamiento de la enseñanza pública” y en “un aumento de la financiación destinada a la educación privada concertada de un 6%, esto es, 51 millones de euros más que se regala a la patronal de los centros privados”. “A la vez que recortan un 50% en el arreglo y construcción de infraestructuras educativas y se eliminan líneas de este modelo educativo, se aumenta la financiación de los centros privados y concertados. Esto no tiene otro nombre que un ataque a la escuela pública, y en Cádiz lo estamos sufriendo casi más que en ningún sitio”, recordando que hay 11 familias gaditanas que tienen derecho a plaza en Bachillerato Público y la Delegación de Educación no les da ninguna respuesta”. Ante esto, José Ignacio García considera que si el delegado de Educación, Miguel Andreu, no da una solución a estas familias, “debe irse”. “Un Gobierno está para garantizar el derecho de la educación pública, y si no lo hace, este delegado no sirve para sus funciones”.
Por otra parte, García ha indicado que desde el Parlamento Andaluz, ante el “cierre sistemático” de líneas públicas por parte de la Consejería, Adelante Andalucía presentó, hace dos semanas, una propuesta trabajada con la Flampa de Cádiz para que se paralizara el cierre de líneas en la educación pública para el curso 19/20. Pero el Partido Popular, Ciudadanos y Vox votaron en contra. “El PP y Ciudadanos de Cádiz deben dar explicaciones ante lo sucedido y explicar por qué apoyan el cierre de líneas públicas en esta ciudad”, ha añadido.
Igualmente, Adelante Andalucía ha presentado un paquete de enmiendas a los presupuestos de la Junta de Andalucía en defensa de la escuela pública y que se votará la semana que viene, con 83 millones de euros para la provincia de Cádiz de aumento de financiación para la escuela pública, y 51 de ellos para las infraestructuras educativas. “En Cádiz capital la educación pública empieza a tener el peligro de no ser mayoritaria, por lo que hemos presentado un plan de rescate de los centros públicos destinado a la mejora de las infraestructuras, al aumento de la dotación de personal docente y mejorar y garantizar servicios extraescolares como el comedor”. Este plan ha sido cifrado en 21 millones de euros, y José Ignacio García espera que salga adelante. “La semana que viene el Gobierno de la Junta tendrá que posicionarse ante este plan y ante las enmiendas destinadas a revertir los recortes en la escuela pública de Cádiz, y si votan en contra tendrán que dar explicaciones en la ciudad de por qué quieren seguir cerrando líneas y no quieren que haya más dinero para los centros públicos de Cádiz”, ha concluido.
Fernández ha recordado que el Equipo de Gobierno sigue a la espera de una respuesta del consejero de Educación, Javier Imbroda, a quien el alcalde de Cádiz remitió una carta solicitándole una reunión para tratar la situación de la educación pública en la ciudad.