El Gobierno activa nuevas ayudas por borrascas en Andalucía y Extremadura para municipios y agricultores
Las ayudas por borrascas en Andalucía y Extremadura incluyen 2.000 millones para infraestructuras locales, subvenciones directas de hasta 25.000 euros para agricultores y una línea de financiación de 100 millones para el sector agrario y pesquero.
El Gobierno ha puesto en marcha un nuevo paquete de ayudas por borrascas en Andalucía y Extremadura destinado a reparar daños en infraestructuras municipales y a apoyar a agricultores, ganaderos y operadores del sector agroalimentario y pesquero afectados por los temporales registrados entre enero y febrero.
La Secretaría de Estado de Política Territorial ha aprobado la resolución que regula la concesión de subvenciones a entidades locales por un importe máximo de 2.000 millones de euros. Estas ayudas están dirigidas a ayuntamientos y diputaciones cuyos municipios figuran en la relación oficial de zonas afectadas.
Las subvenciones podrán financiar hasta el 100 % del coste de las actuaciones. Entre las intervenciones previstas se incluyen obras de reparación, restitución o reconstrucción de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos dañados, así como trabajos en la red viaria provincial. También se contemplan mejoras y ampliaciones, incluidas actuaciones de adaptación al cambio climático, y la construcción de nuevas infraestructuras municipales para prevenir daños por inundaciones y avenidas.
Las solicitudes deberán presentarse por vía electrónica a través del Registro Electrónico General, dirigidas a la Subdelegación del Gobierno correspondiente. El plazo estará abierto hasta el 28 de abril de 2026. La concesión se realizará de forma directa, con pago anticipado de hasta el 100 % del importe estimado, y quedará condicionada a la correcta justificación de los gastos.
En paralelo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha activado distintas medidas dirigidas al sector primario. Desde este 7 de abril, más de 140.000 agricultores y ganaderos incluidos en una primera relación de beneficiarios pueden aceptar de forma expresa una ayuda directa de entre 5.000 y 25.000 euros. El plazo para comunicar la aceptación finaliza el 27 de abril.
El trámite debe realizarse a través de la sede electrónica del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). También puede gestionarse mediante organizaciones profesionales agrarias, cooperativas u otras entidades colaboradoras que tramiten habitualmente las solicitudes de la Política Agraria Común. Estas ayudas están reguladas en el Real Decreto-ley 5/2026 y se tramitan de oficio para agilizar el pago.
Además, el Boletín Oficial del Estado ha publicado la convocatoria de una línea extraordinaria de financiación ICO-MAPA-SAECA dotada con 100 millones de euros. De esta cantidad, 75 millones se destinan a subvencionar hasta un 15 % del principal de los préstamos formalizados a través del Instituto de Crédito Oficial, y 25 millones a cubrir el coste de los avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).
Esta línea puede movilizar hasta 500 millones de euros en créditos y está dirigida a titulares de explotaciones agrarias y a operadores del sector agroalimentario y pesquero que desarrollen su actividad en Andalucía y Extremadura. La cuantía máxima de subvención por beneficiario será de 15.000 euros.
Los préstamos podrán tener un plazo de amortización de hasta 15 años, con posibilidad de incluir hasta tres años de carencia. Entre los requisitos, los titulares de explotaciones deberán acreditar que al menos el 50 % de sus ingresos proceden de la agricultura y contar con un seguro agrario, o comprometerse a contratarlo en el plan correspondiente al año de solicitud y al siguiente.
Las ayudas se concederán por orden de presentación y tienen carácter de minimis. El plazo para solicitar esta línea de financiación comenzará el 8 de abril y permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre de 2027.
Con estas medidas, el Ejecutivo articula una respuesta económica dirigida tanto a la reparación de daños en infraestructuras públicas como al mantenimiento de la actividad del sector agrario y pesquero en las zonas afectadas por los temporales.
