El Gobierno amplía el parque público de vivienda con 40.000 inmuebles procedentes de la SAREB

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un conjunto de medidas para ampliar el parque público de vivienda asequible y reforzar los derechos de los consumidores. Entre las decisiones más destacadas se encuentra la incorporación de unos 40.000 inmuebles procedentes de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) a la futura Empresa Estatal de Vivienda y Suelo. Esta operación, valorada en 5.900 millones de euros, permitirá destinar suelo y viviendas al alquiler a precios asequibles.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha explicado que la medida responde a la «emergencia habitacional» que vive el país y a la necesidad de reparar las consecuencias de la crisis financiera, cuando muchas familias fueron desahuciadas para garantizar el rescate bancario. “Se trata de destinar aquello que un día sirvió para rescatar a los bancos a rescatar a las familias”, ha subrayado.

La operación incluye además 2.400 suelos, donde podrían construirse otras 55.000 viviendas. Los criterios utilizados para priorizar los activos han sido geográficos —zonas tensionadas y afectadas por la DANA—, el tamaño de los inmuebles y su estado técnico. Rodríguez ha recordado que el parque público de vivienda en España apenas representa el 3,4% del total, frente al 9% de media en Europa.

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Otra de las novedades en materia de vivienda es la entrada en vigor del registro único de alquileres de corta duración, que permitirá controlar la comercialización de alojamientos turísticos, prevenir el fraude y liberar inmuebles actualmente destinados a usos turísticos ilegales.

Ley de Consumo Sostenible: derecho a reparar y lucha contra el ecopostureo

En el ámbito del consumo, el Gobierno ha presentado el anteproyecto de la Ley de Consumo Sostenible, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que encabeza Pablo Bustinduy. La futura norma prohíbe la obsolescencia programada, refuerza el derecho a reparar, veta determinadas formas de publicidad contaminante y combate las prácticas engañosas relacionadas con la sostenibilidad de los productos.

Entre las medidas más innovadoras, la ley obligará a los fabricantes a garantizar la disponibilidad de repuestos durante al menos diez años y a informar claramente sobre los efectos de las actualizaciones de software. Asimismo, amplía las garantías cuando un producto se repare, regula el etiquetado ecológico y limita la publicidad de vuelos cortos, combustibles sólidos y vehículos altamente contaminantes.

Bustinduy ha recalcado que “la transición ecológica no puede depender de la responsabilidad individual de los consumidores”, sino de un cambio estructural en los modelos de producción y distribución. La nueva ley busca asegurar que el acceso a un consumo responsable y sostenible sea un derecho, no un privilegio.

Otras medidas aprobadas

Además, el Gobierno ha aprobado una subida salarial adicional del 0,5% para más de tres millones de empleados públicos, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024. La medida se enmarca en el acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT, que fijaba una revalorización de los salarios públicos del 2% más un 0,5% ligado a la inflación.

Por último, el Ejecutivo ha aprobado destinar 55 millones de euros a subvenciones para la producción de largometrajes de interés cultural y ha concedido la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo azul al teniente general Aroldo Lázaro, en reconocimiento a su labor al frente de la misión de la ONU en el Líbano.