La norma simplifica los trámites para la creación de estas nuevas empresas y establece incentivos para atraer emprendedores y empleados de alta cualificación. El Ejecutivo también ha acordado la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, que guiará sus actuaciones en transporte, infraestructuras y logística.
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, más conocida como Ley de Startups.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado que, con esta norma de impulso al emprendimiento innovador, España se va a situar entre los países más atractivos para la creación de startups, «pensando muy especialmente en la generación de oportunidades para los jóvenes y en la atracción de inversión y talento».
Calviño ha señalado que la ley era necesaria para dotar de un marco regulatorio específico a este tipo de empresas, que constituyen la base de la nueva economía digital, generan puestos de trabajo altamente cualificados y tienen mucho potencial para crecer si logran superar dificultades inherentes a su propia naturaleza como la falta de financiación y de capacidad para captar y retener trabajadores de alto valor añadido en sus fases iniciales.
La vicepresidenta ha enmarcado la nueva ley en el conjunto de medidas, reformas e inversiones que el Gobierno está impulsando a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para cambiar la estructura productiva en nuestro país, mejorar el clima de negocios y crear empleo. Así, ha recordado la reciente remisión a Cortes de la Ley Crea y Crece y ha anunciado que próximamente se aprobará el Proyecto de Ley de reforma concursal. Además, se ha referido a proyectos como el Fondo Next-Tech, de hasta 4.000 millones de euros para escalar y aumentar el tamaño de startups de tecnologías disruptivas, o el programa de ayudas para apoyar y financiar en sus primeras fases el emprendimiento liderado por mujeres.
«Estamos trabajando intensamente para cumplir con los hitos del Plan para impulsar una recuperación fuerte, sostenible, sostenida y justa», ha señalado.
Requisitos para la creación de una Startup
El proyecto de ley establece que serán consideradas startups aquellas empresas que sean innovadoras, de nueva creación o con una antigüedad de hasta 5 años en general, o de 7 años en el caso de empresas de biotecnología, energía e industriales; que tengan su sede social, establecimiento permanente y la mayoría del empleo en España; que no hayan distribuido dividendos y no sean cotizadas, y que tengan ingresos de hasta 5 millones de euros.
La vicepresidenta ha subrayado que se facilitan los trámites para su creación con la eliminación de los aranceles notariales y registrales cuando se trate de empresas que se creen acogiéndose a los estatutos tipo y por vía electrónica. Asimismo, la constitución de una empresa será posible mediante un documento único electrónico y la inscripción en el registro mercantil en 6 horas, si se utilizan los estatutos tipo, y en 5 días hábiles en el resto de casos. También se elimina el requisito de obtener el número de identificación de extranjero para los inversores no residentes y, durante los 3 primeros años, se exime a la startup de la causa de disolución por pérdidas relacionadas o que generen un desequilibrio patrimonial.
La Empresa Nacional de Innovación SA (ENISA), dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo será la encargada de la acreditación de las empresas como startups para que puedan acceder a los beneficios establecidos por la ley, y habrá Puntos de Atención al Emprendedor y una Oficina nacional de Emprendimiento que funcionarán como portales o ventanillas de información y acceso a las ayudas públicas.
Incentivos para emprendedores y trabajadores
La nueva norma prevé un régimen fiscal muy favorable, tanto para las empresas y sus inversores como para sus trabajadores.
Para los primeros, entre otras medidas, se reduce el tipo impositivo en los impuestos de sociedades y sobre la renta de no residentes, se permite el aplazamiento de la deuda tributaria sin garantías ni intereses de demora; se elimina la obligación de efectuar pagos fraccionados y se eleva la base máxima de deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación de 60.000 a 100.000 euros anuales.
Los trabajadores, ha continuado Calviño, verán mejorado el tratamiento de las formas de remuneración basadas en opciones sobre acciones de la propia compañía o stock options. También se elimina la doble cotización a la Seguridad Social durante 3 años para aquellos emprendedores que mantengan simultáneamente un empleo por cuenta ajena.
Además, para atraer a los denominados nómadas digitales (emprendedores y teletrabajadores que se desplacen a territorio español) se establece un procedimiento más ágil para que obtengan el visado y la residencia, así como un régimen tributario especial. Se incluye en esta medida a los españoles que hayan sido no residentes en España durante al menos 5 años.
Nuevo modelo de movilidad
El Ejecutivo ha dado luz verde a la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030. La ministra de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad (Mitma), Raquel Sánchez, ha subrayado su carácter innovador, que parte de una nueva concepción de la movilidad como derecho básico de todos los ciudadanos y un instrumento de cohesión social y territorial.
Esta premisa reorienta el papel y sentido del propio Ministerio, ha explicado Sánchez: «El MITMA ha sido conocido tradicionalmente como encargado de proveer las infraestructuras y las grandes obras necesarias, y eso seguirá siendo así, pero ahora tenemos que dar un paso más y centrarnos en optimizar también el uso de las actuales infraestructuras y ofrecer soluciones eficaces de movilidad a los ciudadanos y a las ciudadanas. Por lo tanto, los ciudadanos tienen que ocupar el centro de todas nuestras acciones».
Precisamente con ese objetivo, el documento es fruto de un proceso iniciado en septiembre del año 2020 en el que han participado todos los actores del ecosistema de la movilidad y la sociedad en su conjunto.
La ministra también ha subrayado que el sector, que ahora representa el 4,27% del PIB, es esencial para la creación de empleo en nuestro país, con más de 900.000 puestos de trabajo asociados al mismo, por lo que la inversión procedente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia será determinante: «Si cumplimos nuestras previsiones, vamos a hacer posible que, en 2030, la electrificación de la economía y la conectividad representen el 15% del PIB».
Seguridad, sostenibilidad y conectividad
La Estrategia está estructurada en 9 ejes y 41 líneas de actuación y contiene más de 150 medidas que persiguen los tres objetivos principales que le dan nombre: seguridad, sostenibilidad y conectividad.
La conservación de las infraestructuras, especialmente en las carreteras para conseguir reducir las cifras de mortalidad en accidentes de tráfico, se complementa con otras medidas para garantizar la seguridad operacional, en casos de emergencia o contra actos ilícitos.
Para avanzar en la sostenibilidad ambiental se fomenta la descarbonización, la eficiencia energética y la economía circular, el fomento del transporte público y la utilización de modos de transporte más sostenible, como el ferrocarril, tanto para personas como para mercancías: «Estamos a la cola de Europa en este sentido, y nos fijamos objetivos que nos permitan aumentar el porcentaje de transporte de mercancías por ferrocarril frente a la situación actual», ha resaltado Sánchez.
La sostenibilidad social debe significar, ha continuado la ministra, que la movilidad sea «universal, inclusiva y accesible para todos» y al mismo tiempo «con garantías de trabajo digno para los profesionales del transporte y la logística». Asimismo, el documento tiene en cuenta que el 80% de la población se concentra en grandes ciudades y el 20% restante se reparte por más de dos tercios del territorio, lo que suponen dos realidades muy distintas de movilidad que hay que atender.
La sostenibilidad económica se basará en el impulso a todos los sectores asociados a la nueva movilidad descarbonizada y conectada. Para el sector del automóvil, que supone el 11% de la cifra de negocios total de la industria en España, el Plan de Recuperación prevé, por ejemplo, el PERTE del vehículo eléctrico y conectado.
Los componentes fundamentales para la conectividad son la digitalización y la aplicación de las nuevas tecnologías para la gestión inteligente y la automatización del transporte.
Conexión europea
La ministra ha puesto de relieve la necesidad de reforzar el papel de España en la red transeuropea del transporte para poder posicionarse como plataforma logística intercontinental. Para ello, se deberán completar los corredores Atlántico, Mediterráneo y sus conexiones con los grandes puertos, con los nodos logísticos intermodales, las zonas industriales y los aeropuertos.
Desarrollo de la energía azul o marina
El Gobierno ha aprobado la Hoja de ruta para el Desarrollo de la Eólica marina y de las energías del mar en España.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha afirmado que esta estrategia permitirá potenciar el desarrollo tecnológico y la investigación de las distintas fuentes limpias que aprovechan los recursos naturales marinos o «energía azul».
A este fin se destinarán 200 millones procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a los que sumarán fondos de otros programas de financiación europeos y estatales.
Rodríguez ha destacado que España es ya líder en soluciones para aerogeneradores marinos sobre plataforma flotante: «Siete de las trece patentes existentes son españolas, creo que es un buen motivo para sentirnos orgullosos y orgullosas como país».
Mejora de la accesibilidad en viviendas
El Consejo de Ministros ha concedido 50 millones de euros en subvenciones directas a las comunidades autónomas para reforzar la atención a la dependencia, promover el cambio de modelo de apoyos y cuidados de larga duración y mejorar la accesibilidad desde una perspectiva integral.
La pandemia ha situado en una posición de extrema gravedad a 100.000 mayores, personas con discapacidad y dependientes, que viven en comunidades de propietarios carentes de medidas de accesibilidad o en viviendas que no están adaptadas a sus necesidades.
Isabel Rodríguez ha explicado que al menos el 50% de estas subvenciones se destinará a la mejora de la accesibilidad en viviendas, mediante ayudas a particulares y comunidades de propietarios, y en los parques de viviendas de titularidad pública. El otro 50% se dedicará a actuaciones en el interior de las viviendas, especialmente en poblaciones rurales donde residan personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, a través de ayudas a particulares.
Modernización de los servicios sociales
El Ejecutivo ha acordado conceder subvenciones a las entidades del Tercer Sector, por importe de 49,5 millones de euros, para realizar proyectos piloto de innovación e investigación orientados a la modernización y mejora de los servicios sociales. La medida, enmarcada en el Plan de Recuperación, busca reforzar y transformar los servicios sociales para que respondan a los retos actuales y atiendan especialmente a las personas más vulnerables en las situaciones de crisis.
La portavoz del Gobierno ha explicado que las actuaciones financiadas se agrupan en torno a tres ejes: la atención a la infancia, con proyectos enfocados a menores de edad en riesgo, tutelados o extutelados por la Administración; la atención a personas en situación de sinhogarismo, y la atención a las personas mayores con necesidades de cuidados de larga duración.
Lucha contra el trabajo forzoso
El Consejo de Ministros ha ratificado el Plan de Acción Nacional contra el Trabajo Forzoso. Es la primera vez, ha destacado Isabel Rodríguez, que España adopta un plan específico para combatir el trabajo forzoso de manera conjunta y coordinada con todos los departamentos y organismos competentes, y con la participación de los interlocutores sociales y las organizaciones especializadas.
La meta es erradicar el trabajo forzoso dentro y fuera de España y cumplir los compromisos internacionales, como el Protocolo de 2014 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por España en diciembre de 2017 y a cuya exigencia de desarrollar un plan de acción nacional no se había dado cumplimiento, hasta ahora.
Para mejorar la coordinación e involucrar a todas las partes implicadas, el plan intensifica la detección, la investigación y el enjuiciamiento y aumenta la actividad en este ámbito de la Inspección de Trabajo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Fiscalía General del Estado. Además, refuerza la protección y el apoyo a las víctimas de esta lacra.