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El Gobierno aprueba el techo de gasto 2027 más alto hasta la fecha, con 226.032 millones

Redacción 7 julio, 2026 4 minutos de lectura

El techo de gasto 2027 aumenta un 6,6% respecto al año anterior y fija la base de los próximos Presupuestos Generales del Estado, que también prevén más financiación para comunidades autónomas y ayuntamientos.

El Consejo de Ministros aprobó este martes el techo de gasto 2027, fijado en 226.032 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,6% respecto al ejercicio anterior. Se trata, según el Ministerio de Hacienda, del límite de gasto no financiero más elevado aprobado hasta ahora y constituye el primer paso para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado del próximo año.

El acuerdo incluye también los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el periodo 2027-2029. El Ejecutivo sitúa el objetivo de déficit para el conjunto de las administraciones públicas en el 1,8% del PIB en 2027, el 1,6% en 2028 y el 1,5% en 2029.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, explicó tras la reunión que el nuevo techo de gasto aumenta en 14.006 millones de euros respecto a 2026. Según indicó, las futuras cuentas públicas mantendrán la orientación social de ejercicios anteriores, con previsión de reforzar partidas destinadas a vivienda, becas, dependencia, investigación y lucha contra la violencia machista, entre otras políticas.

En clave territorial, el Gobierno avanzó que las comunidades autónomas mantendrán un objetivo de déficit del 0,1% durante todo el periodo 2027-2029. Además, señaló que en 2027 recibirán, junto a las entidades locales, la mayor financiación registrada hasta ahora en concepto de entregas a cuenta. El incremento previsto será de, al menos, un 8% para las comunidades y cercano al 10% para los ayuntamientos.

Estas previsiones afectan de forma directa a la planificación económica de administraciones como la Junta de Andalucía y los municipios gaditanos, que dependen en parte de estas transferencias estatales para la financiación de servicios públicos y proyectos locales.

En cuanto a la deuda pública, el Ejecutivo estima que se situará en el 97,6% del PIB en 2027, lo que supondría una reducción de 1,5 puntos respecto al objetivo previsto para 2026. La senda descendente continuaría hasta el 96,4% en 2028 y el 95,3% en 2029.

Junto al techo de gasto 2027, el Consejo de Ministros aprobó en segunda vuelta el proyecto de nueva Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, que sustituirá a la norma vigente desde 1982. El texto inicia ahora su tramitación parlamentaria.

La reforma adapta la regulación a los entornos digitales y establece, entre otras medidas, que la publicación de imágenes en redes sociales no implica la cesión automática para otros usos. Fija en 16 años la edad mínima para prestar consentimiento sobre el uso de la propia imagen y regula de forma específica la utilización de imágenes y voces generadas mediante inteligencia artificial, especialmente con fines comerciales.

La futura ley también contempla medidas frente a contenidos inspirados en hechos delictivos reales cuando puedan vulnerar derechos de las víctimas y actualiza los criterios para fijar indemnizaciones por intromisiones ilegítimas en el honor o la intimidad.

En el ámbito judicial, el Gobierno aprobó la creación de 500 nuevas plazas de jueces y magistrados y 200 plazas de fiscales, que se incorporarán de forma progresiva entre diciembre de 2026 y noviembre de 2027. Según el Ministerio de la Presidencia y Justicia, se trata de la mayor ampliación de efectivos en la carrera judicial y fiscal desde el inicio de la democracia.

Asimismo, el Ejecutivo dio luz verde a los nombramientos del presidente y consejeros de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, que comenzará a funcionar este mes.

Por otro lado, se aprobaron subvenciones por valor de dos millones de euros, a través del Instituto de las Mujeres, destinadas a 20 entidades que desarrollan programas de promoción de la igualdad y atención a mujeres en el ámbito rural.

El conjunto de medidas adoptadas marca el inicio del proceso presupuestario para 2027, que deberá continuar ahora su tramitación parlamentaria en los próximos meses.