El Gobierno aprueba la factura electrónica obligatoria entre empresas para reducir la morosidad
El Consejo de Ministros da luz verde a la factura electrónica obligatoria entre empresas y profesionales, una medida que busca acortar los plazos de pago, mejorar la liquidez de las pymes y reforzar la financiación y la internacionalización del tejido empresarial.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que desarrolla la factura electrónica obligatoria entre empresas y profesionales, una medida con la que el Gobierno pretende reducir la morosidad y mejorar la liquidez, especialmente de las pequeñas y medianas empresas.
La norma establece que todas las transacciones comerciales entre empresas y autónomos deberán realizarse mediante un sistema de facturación electrónica con un formato estructurado, que permita su lectura automática por los programas de gestión y que incluya información actualizada sobre el estado de pago de cada factura.
Según explicó en rueda de prensa el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, uno de los principales obstáculos para el crecimiento empresarial es la falta de liquidez derivada de los retrasos en los pagos. Actualmente, el periodo medio de pago se sitúa en torno a los 80 días. En el caso de las grandes empresas, menos del 20% de las facturas se abonan en plazo, mientras que en pymes y microempresas el porcentaje ronda el 50%.
El Ejecutivo sostiene que la generalización de la factura electrónica obligatoria entre empresas permitirá automatizar procesos, reducir cargas administrativas y facilitar el seguimiento de los pagos. En España se emiten actualmente entre 500 y 550 millones de facturas electrónicas al año, lo que, según datos del Ministerio, genera un ahorro estimado de 2.700 millones de euros para las empresas.
La norma contempla dos vías para cumplir con la obligación. Por un lado, las empresas podrán utilizar plataformas privadas ya existentes, que deberán ser interoperables entre sí. Por otro, la Agencia Tributaria desarrollará una plataforma pública que permitirá emitir y recibir facturas electrónicas utilizando los sistemas de identificación ya disponibles.
La implantación será progresiva. Las empresas y profesionales con una facturación anual superior a 8 millones de euros dispondrán de un año para adaptarse desde la aprobación de la orden ministerial que regule los aspectos técnicos. Para el resto de empresas, el plazo será de dos años. El Ministerio estima que la plataforma pública podría estar operativa antes del verano.
Apoyo a la internacionalización y acceso a financiación
Además de la regulación de la factura electrónica, el Consejo de Ministros ha impulsado un anteproyecto de ley para modernizar los instrumentos públicos de apoyo financiero a la internacionalización de la economía española.
El objetivo es reforzar la cobertura de riesgos en operaciones de exportación y mejorar la coordinación y agilidad de los mecanismos existentes, siguiendo recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). El Ejecutivo considera que una mayor estabilidad en la financiación facilitará que más pymes puedan participar en proyectos internacionales.
En paralelo, el Gobierno ha analizado un paquete normativo destinado a modernizar el mercado de capitales y facilitar el acceso de las pymes a financiación alternativa a la bancaria. Las modificaciones afectan a la legislación sobre mercado de valores, instituciones de inversión colectiva, sociedades de capital y entidades de capital riesgo.
Entre los cambios previstos figura la simplificación de trámites y la reducción de costes para salir a bolsa, así como medidas para evitar que los fundadores pierdan el control de la empresa al abrir su capital. También se refuerzan las garantías de transparencia y protección para los inversores minoristas.
Revalorización de pensiones y otros acuerdos
En la misma reunión, el Ejecutivo aprobó el real decreto que desarrolla reglamentariamente la revalorización de las pensiones para 2026, ya convalidada por el Congreso, con el objetivo de garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas.
Asimismo, el Consejo de Ministros presentó la Estrategia de Política Multilateral para el Desarrollo Sostenible y aprobó una declaración institucional de reconocimiento a las víctimas españolas de la dictadura argentina, en el 50 aniversario del golpe de Estado de 1976.
Durante la comparecencia, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, condenó los últimos casos de violencia de género y violencia vicaria registrados en Zaragoza y Alicante, que elevan a 14 las mujeres asesinadas en lo que va de año, y reiteró el compromiso del Ejecutivo en la lucha contra esta violencia.
Las nuevas medidas económicas aprobadas tendrán impacto en el conjunto del tejido empresarial, incluidas las empresas gaditanas, que deberán adaptarse a la factura electrónica obligatoria entre empresas en los plazos establecidos una vez se publique el desarrollo técnico definitivo.
