El Gobierno aprueba la mayor financiación para comunidades autónomas y ayuntamientos en 2026
El Consejo de Ministros da luz verde a un real decreto ley que eleva la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos en 2026 a cifras récord y permite a los consistorios con superávit destinarlo a vivienda e inversiones sostenibles
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto ley que actualiza la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos en 2026, con un volumen de recursos que el Ejecutivo sitúa como el más alto registrado hasta ahora. La medida incluye la actualización de las entregas a cuenta y la posibilidad de que los consistorios con superávit en 2025 lo destinen a inversiones, incluidas políticas de vivienda.
Según explicó el ministro de Hacienda, Arcadi España, las comunidades autónomas recibirán este año 157.731 millones de euros en concepto de entregas a cuenta, lo que supone un 7% más que el ejercicio anterior. Si se suman los fondos correspondientes a la liquidación de 2024, la cifra total asciende a 170.300 millones de euros, un 7,7% más que en 2025.
En el caso de las entidades locales, las entregas a cuenta alcanzarán los 29.247 millones de euros en 2026, un 8,8% más que el año pasado. El Gobierno señala que se trata también de un máximo histórico.
La actualización ya había sido aprobada por el Ejecutivo en diciembre de 2025 y en febrero de este año, pero no fue convalidada por el Congreso. Con este nuevo real decreto ley, el Gobierno vuelve a intentar garantizar la transferencia de estos recursos a las administraciones territoriales.
Para la provincia de Cádiz, esta decisión afecta tanto a la Junta de Andalucía como a los ayuntamientos gaditanos, que dependen en parte de estas entregas a cuenta para sostener servicios públicos y ejecutar inversiones municipales.
Superávit municipal y vivienda
El decreto incorpora además una medida que permitirá a los ayuntamientos con superávit presupuestario en 2025 destinar esos fondos a inversiones financieramente sostenibles sin que computen en la regla de gasto. Entre las actuaciones previstas se incluyen proyectos de alcantarillado, infraestructuras, energía, comercio, industria o protección civil.
El Ministerio de Hacienda calcula que más de 2.540 entidades locales podrían acogerse a esta medida y movilizar hasta 3.168 millones de euros.
Como novedad, el texto establece un régimen excepcional para que los ayuntamientos puedan dedicar el superávit no solo de 2025, sino también de los cuatro años siguientes, a políticas de vivienda. Esta habilitación tendrá carácter plurianual, lo que permitirá desarrollar proyectos que se extiendan hasta 2030.
Ampliación del parque público
En materia de vivienda, el Consejo de Ministros ha autorizado además destinar 260 millones de euros adicionales a la entidad pública empresarial CASA 47 para la construcción de 1.629 nuevas viviendas. Con esta aportación, los recursos transferidos a esta entidad alcanzan los 2.080 millones de euros.
El Ejecutivo también ha aprobado las cuantías máximas del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y la distribución territorial acordada en la Conferencia Sectorial celebrada el pasado 21 de mayo. El plan contempla la construcción y rehabilitación de viviendas protegidas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.
En julio está prevista la transferencia de 800 millones de euros a las comunidades autónomas para que puedan desarrollar las actuaciones previstas en el marco del plan.
Nueva ley antidopaje y estatuto sanitario
Junto a las medidas económicas, el Gobierno ha iniciado la tramitación urgente del anteproyecto de Ley Orgánica de Lucha Antidopaje en el Deporte, con el objetivo de adaptar la normativa española al nuevo Código Mundial Antidopaje, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027.
El texto refuerza las obligaciones de los deportistas, concreta las conductas sancionables y establece medidas de prevención y formación.
Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. La reforma actualiza la normativa vigente desde hace más de dos décadas e incluye, entre otras medidas, la eliminación de las guardias de 24 horas. Las comunidades autónomas dispondrán de un plazo de cinco años para adaptar la organización de los servicios sanitarios.
Con este paquete de acuerdos, el Ejecutivo centra su acción en la financiación territorial, la vivienda y la actualización de marcos normativos en sanidad y deporte, con impacto directo en las administraciones autonómicas y locales.
