El Gobierno aprueba nuevas ayudas del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio con rebajas en carburantes e impuestos energéticos

El segundo decreto del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio prorroga hasta septiembre las ayudas a carburantes, amplía el apoyo a agricultores y transportistas y fija la eliminación progresiva del impuesto a la producción eléctrica.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un segundo real decreto-ley del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio que prorroga hasta el 30 de septiembre las ayudas a carburantes y amplía las medidas fiscales y de apoyo a sectores como el transporte, la agricultura y la pesca. El paquete moviliza 1.825 millones de euros en 2026, a los que se suman 2.700 millones adicionales por el impacto fiscal previsto entre 2027 y 2028 tras la eliminación progresiva del impuesto a la producción eléctrica.

La medida más inmediata para los consumidores es la reducción del impuesto de hidrocarburos, que irá disminuyendo de forma escalonada durante el verano. El descuento actual de 20 céntimos por litro bajará a 15 céntimos en julio, a 10 en agosto y a 5 en septiembre. El Gobierno establece una cláusula de reactivación automática: si la inflación interanual de los carburantes supera el 15%, el descuento volvería a situarse en 20 céntimos por litro.

Para los profesionales del transporte, la agricultura y la pesca, el descuento de 20 céntimos por litro se mantendrá sin cambios hasta el 30 de septiembre. Estas ayudas, gestionadas por la Agencia Tributaria, afectan a transportistas autónomos, empresas con licencia de transporte y titulares de autobuses urbanos, entre otros.

En el caso del sector agrario y pesquero, el nuevo decreto contempla 230 millones de euros adicionales en apoyos específicos, que se suman a los 877 millones ya aprobados en marzo. En total, el respaldo acumulado alcanza los 1.107 millones de euros.

Se prorroga la subvención al gasóleo de uso agrario y pesquero hasta finales de septiembre, con un presupuesto de 65 millones de euros. Además, se amplía en 165 millones la ayuda directa para la adquisición de fertilizantes. Las cuantías quedan fijadas en 38,33 euros por hectárea para cultivos de secano y 92,50 euros para los de regadío.

En el ámbito fiscal, el decreto introduce nuevos ajustes en el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE). Tras las reducciones aplicadas en el primer y segundo trimestre del año, se suman ahora minoraciones del 30% en el tercer trimestre y del 40% en el cuarto trimestre de 2026.

Además, el impuesto iniciará una rebaja progresiva hasta su eliminación definitiva: pasará del 7% actual al 5% en 2026, al 3,5% en 2027 y al 0% en 2028. Según las previsiones del Ejecutivo, esta medida supondrá un ahorro de 315 millones de euros para los contribuyentes este año.

El decreto incluye también un mecanismo de salvaguarda ante posibles subidas del precio de la electricidad o el gas. Si se produjera un encarecimiento superior al 15%, se reactivarían automáticamente medidas como la reducción del IVA de la electricidad, el gas, los pellets y la leña del 21% al 10%, así como la bajada del Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5,1% al 0,5%.

En materia de control del mercado de carburantes, se refuerzan las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo podrá solicitar información detallada a mayoristas y minoristas para supervisar el funcionamiento del mercado. También se amplía la obligación de informar semanalmente sobre costes y precios a los operadores con capacidad de refino en España. Si se detectan comportamientos anómalos, la CNMC podrá iniciar procedimientos sancionadores e identificar individualmente a los establecimientos en sus informes públicos.

El decreto mantiene durante todo 2026 las medidas del denominado “escudo social” ya aprobadas en marzo. Entre ellas, los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico —del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para vulnerables severos—, el incremento de la ayuda mínima del bono social térmico hasta 50 euros y la prohibición de cortar suministros básicos a hogares vulnerables.

Por último, el texto incorpora medidas de carácter estructural orientadas a acelerar la implantación de energías renovables y la producción de biogás, así como a agilizar la repotenciación de líneas eléctricas existentes y permitir la incorporación de baterías en los sistemas no peninsulares.

El nuevo decreto da continuidad al Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio aprobado el pasado 20 de marzo y estará vigente durante tres meses en su vertiente coyuntural, con la posibilidad de activar de nuevo determinadas medidas en función de la evolución de los precios energéticos.