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Andalucía y más allá

El Gobierno aprueba una nueva instrucción para prohibir los vientres de alquiler

A partir de ahora, los bebés nacidos a través de esta práctica en el extranjero no podrán ser inscritos directamente en el Registro Civil español.

El Gobierno de España ha aprobado una nueva instrucción para hacer efectiva la prohibición de los vientres de alquiler, establecida en el país desde 2006. A partir de ahora, el Registro Civil dejará de inscribir de forma directa a los bebés nacidos mediante esta práctica, incluso si existe una resolución judicial o administrativa extranjera que valide el contrato de gestación por sustitución.

La medida tiene como objetivo evitar que los ciudadanos españoles que practiquen la gestación subrogada en el extranjero puedan eludir la legislación nacional. La decisión responde a una reclamación histórica de los colectivos feministas y aquellos que defienden la protección de los menores, quienes consideran que la práctica supone una mercantilización del cuerpo de la mujer y de los hijos.

La nueva instrucción se alinea con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en diciembre de 2024 ya había denegado el exequatur a una resolución judicial de Estados Unidos que validaba un contrato de gestación subrogada, argumentando que era nulo y contrario al marco legal español. Esta sentencia reafirma que la protección del menor debe basarse en las leyes españolas y en los principios fundamentales del ordenamiento jurídico.

Además, la medida se ajusta a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que reconoce el derecho de los países a adoptar medidas para dificultar la gestación subrogada cuando está prohibida en su legislación interna.

En Europa, varios países como Alemania, Francia, Italia y España han limitado o prohibido esta práctica, y el Parlamento Europeo la ha condenado por considerarla contraria a la dignidad humana de la mujer. A pesar de su prohibición en España desde 2006, en 2024 se registraron 154 niños nacidos por vientre de alquiler que fueron inscritos en el Registro Civil español gracias a resoluciones judiciales extranjeras.

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