El Gobierno aprueba una planificación eléctrica de 17.142 millones hasta 2030
La planificación eléctrica hasta 2030 prevé atender 47 gigavatios de nueva demanda y se acompaña de requisitos para los centros de datos y medidas para reforzar la investigación pública y la innovación empresarial.

El Consejo de Ministros ha aprobado el 20 de noviembre una planificación de la red de transporte eléctrico que contempla inversiones de 17.142 millones de euros hasta 2030. El programa busca incorporar 47 gigavatios de nueva demanda mediante nuevas líneas, ampliaciones de capacidad, subestaciones e interconexiones internacionales, según la información difundida por el Gobierno.
La planificación eléctrica hasta 2030 supone un incremento inversor del 146% respecto a la anterior. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha vinculado estas actuaciones con las necesidades de industrias que quieren electrificarse, pequeñas y medianas empresas y viviendas. El balance facilitado no desglosa proyectos ni cantidades para la provincia de Cádiz.
La reunión extraordinaria también ha aprobado requisitos de sostenibilidad y soberanía digital para los centros de datos. Estas instalaciones deberán cumplir estándares de eficiencia energética e hídrica y cubrir el 80% de su consumo con energía renovable adicional, es decir, procedente de nueva generación incorporada al sistema.
Esa energía deberá consumirse en la misma hora en que se produzca la generación renovable. La norma incluye un periodo transitorio opcional para los centros que se acojan a él, que podrán ser desconectados en situaciones de posible tensión de la red.
Aagesen ha explicado que actualmente existen 15 gigavatios de permisos de acceso concedidos a centros de datos y solicitudes por otros 20 gigavatios. El Ejecutivo justifica los nuevos requisitos en la necesidad de evitar que esa demanda eleve los costes para el resto de los consumidores.
El bloque energético incluye además un real decreto ley que adapta el sistema español de comercio de derechos de emisión de dióxido de carbono a las reformas europeas. El texto integra plenamente el transporte marítimo, modifica el régimen de la aviación e incorpora nuevas tecnologías, como el hidrógeno renovable.
La norma también introduce un nuevo sistema para edificios y transporte. Según el Gobierno, la adaptación permitirá que España reciba más de 6.800 millones de euros del Fondo Social para el Clima, destinados a actuaciones como rehabilitación de barrios, vivienda social y transporte público accesible. El decreto ley requiere convalidación parlamentaria.
Otra de las medidas anunciadas afecta a las facturas de gas. Un código QR personalizado permitirá acceder al comparador de ofertas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, consultar información sobre las facturas y conocer el impacto del origen del suministro.
En investigación, el Consejo ha aprobado otro real decreto ley para reforzar la capacidad científica y tecnológica. La ministra Diana Morant ha explicado que crea un régimen especial para centros públicos que trabajan en tecnologías críticas, entre ellas inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología y tecnologías cuánticas.
Los centros incluidos tendrán mayor autonomía para contratar investigadores, adquirir equipamiento y transferir resultados a empresas. El régimen durará cinco años, prorrogables por otros cinco, y será evaluado al tercer año para estudiar sus resultados y una posible ampliación.
La norma también facilita la movilidad y la doble afiliación de investigadores, así como los contratos con empresas y los acuerdos entre centros públicos y entidades privadas. Este decreto ley también deberá someterse a convalidación.
Para incentivar la inversión empresarial, el Gobierno anuncia un aumento del 12% al 15% en la deducción por innovación tecnológica en el Impuesto sobre Sociedades. Asimismo, amplía de tres a cinco años la aplicación de la bonificación del 40% de las cotizaciones por contratación indefinida de investigadores.
La bonificación para contratar investigadores predoctorales que realicen su tesis en una empresa pasará de 115 a 200 euros mensuales. El decreto contempla además transformar el Barcelona Supercomputing Center en una fundación pública para ampliar su autonomía de gestión.
La reunión se ha completado con una declaración por los derechos de la infancia, centrada en combatir la pobreza, prevenir la violencia y proteger a los menores en el entorno digital. La portavoz, Elma Saiz, también ha condenado el asesinato de una mujer en Parla, confirmado como violencia de género, y ha reclamado una respuesta de unidad frente a la violencia machista.


