El Gobierno autoriza a los ayuntamientos andaluces a invertir su superávit de 2024 en servicios públicos esenciales

El Gobierno autoriza a los ayuntamientos andaluces a invertir su superávit de 2024 en servicios públicos esenciales, permitiendo a los municipios gaditanos destinar 54,41 millones a nuevas actuaciones.

El Gobierno autoriza a los ayuntamientos andaluces a invertir su superávit de 2024 en servicios públicos esenciales, una medida aprobada por el Consejo de Ministros que permitirá a las entidades locales destinar 761,68 millones de euros a proyectos que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía. En la provincia de Cádiz, los municipios podrán emplear 54,41 millones de euros en actuaciones vinculadas a la mejora de infraestructuras y servicios básicos.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, valoró positivamente esta decisión, que —según afirmó— refuerza lo público y amplía la autonomía financiera municipal frente a modelos que «legislan con la mirada puesta en los intereses de la privada». Fernández destacó que esta medida permitirá financiar mejoras en abastecimiento de agua, alumbrado, vivienda pública, recogida y tratamiento de residuos o proyectos de eficiencia energética.

El delegado subrayó que permitir a los ayuntamientos invertir su superávit «favorece su capacidad de gestión» y les otorga mayor margen para atender necesidades clave en áreas sociales, ambientales y urbanas. A ello se suma el incremento superior al 8% en las entregas a cuenta previstas para 2026, lo que contribuirá —según indicó— a consolidar la autonomía económica de los consistorios andaluces.

Fernández comparó estas medidas con «la senda de recortes» aplicada por gobiernos anteriores y señaló que el Ejecutivo lleva siete años ampliando recursos y facilidades para que alcaldes y alcaldesas puedan ejercer sus competencias con mayor solvencia. El objetivo, precisó, es fortalecer los servicios públicos y garantizar que la ciudadanía reciba prestaciones de calidad.

En su análisis de las decisiones del Consejo de Ministros, el delegado destacó también la propuesta de nueva senda de déficit elaborada por el Ministerio de Hacienda, que habría permitido a Andalucía contar con 731 millones de euros adicionales entre 2026 y 2028 destinados al Estado del Bienestar. Fernández lamentó que la iniciativa no prosperara en votación parlamentaria y confió en que «los grupos recapaciten» para priorizar el interés ciudadano.

Otra de las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros fue la subida salarial acordada para los empleados públicos entre 2025 y 2028. Más de medio millón de trabajadores andaluces se beneficiarán de este incremento, que garantizará la recuperación de poder adquisitivo y, según destacó Fernández, redundará en la mejora de los servicios públicos. La retribución de 2025 incluirá un aumento del 2,5% con efectos retroactivos desde el 1 de enero, mientras que en 2026 se sumará el incremento correspondiente hasta alcanzar un 4%. Adicionalmente, se contempla un 0,5% más en función de la evolución del IPC.

El delegado puso en valor el diálogo social como herramienta clave para avanzar en estas medidas, señalando que el Gobierno continúa apostando por reforzar el Estado del Bienestar, ampliar plantillas públicas, mejorar la financiación local y asegurar que la ciudadanía reciba una atención adecuada por parte de la Administración.

Con estas decisiones, el Ejecutivo central insiste en su estrategia de apoyo a las administraciones autonómicas y locales, facilitando recursos para sostener los servicios públicos esenciales y promover inversiones municipales destinadas a mejorar infraestructuras, calidad de vida y cohesión territorial.