El Consejo de Ministros ha dado un paso importante en materia laboral al desarrollar, a través de un Real Decreto, la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Empleo y los servicios garantizados en la Ley de Empleo. Esta medida, impulsada por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas desempleadas y garantizarles un acceso equitativo a los servicios públicos de empleo.
La vicepresidenta segunda ha destacado la trascendencia de esta normativa, especialmente en la semana en que se celebra el Día Internacional de los Trabajadores. Díaz ha animado a la ciudadanía a participar en las movilizaciones del 1 de mayo y ha recordado la importancia de seguir luchando por la reducción de la jornada laboral y el aumento de los salarios.
La cartera común de servicios establece un conjunto mínimo de derechos para todas las personas desempleadas en España, independientemente de la comunidad autónoma en la que residan. Este cambio, según ha explicado Díaz, convierte a los desempleados en «poseedores de derechos» que podrán reclamar ante cualquier administración del país.
Entre las novedades que introduce esta normativa se encuentra la obligación de los servicios de empleo de realizar un perfil de cada desempleado en un plazo de tres meses, así como la elaboración de un itinerario personalizado en un mes a partir de ese diagnóstico. Además, se garantiza que cada desempleado cuente con un profesional que lo oriente para mejorar su formación y empleabilidad.
Otro aspecto destacado es la creación de una tarjeta laboral única, similar a la sanitaria, que permitirá a los demandantes de empleo acceder a su información digitalizada y a la formación desde cualquier servicio público de empleo en España.
La normativa también contempla servicios específicos para los autónomos, incluyendo asesoramiento sobre la viabilidad de sus proyectos empresariales y mejora de su capacitación.
Uno de los objetivos fundamentales de esta medida es atender a los desempleados mayores de 52 años, que representan cerca del 40% del total de desempleados en el país. Para este colectivo, se centrarán las políticas activas de empleo, según acordó la Conferencia Sectorial de Empleo del pasado 4 de abril.
En resumen, el Gobierno busca con esta medida mejorar la empleabilidad y la calidad de vida de las personas desempleadas, apostando por una atención más personalizada y garantizando la igualdad de acceso a los servicios públicos de empleo en todo el territorio nacional.