El Gobierno endurece los criterios de creación y reconocimiento de universidades y refuerza la financiación de plazas públicas de medicina
La norma busca garantizar calidad académica, transparencia y solvencia económica, mientras el Ejecutivo impulsa ayudas para menores, regula el cannabis medicinal y presenta informe sobre aborto en la sanidad pública
El Consejo de Ministros ha aprobado un endurecimiento de los criterios para la creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios en España. La medida, anunciada por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, responde al compromiso del presidente Pedro Sánchez de garantizar la calidad educativa y proteger a los estudiantes frente a instituciones con estándares insuficientes.
La reforma establece que las universidades deben invertir al menos el 5% de su presupuesto en investigación, captar un 2% adicional en recursos externos, y que al menos el 50% del profesorado sea doctor con experiencia acreditada en investigación. Además, los equipos directivos deberán contar con experiencia en gestión universitaria y las nuevas universidades ofrecerán un mínimo de 10 grados, 6 másteres y 3 doctorados en al menos tres ramas del conocimiento, con un mínimo de 4.500 estudiantes. Se exige también solvencia económica mediante aval y plazas de alojamiento equivalentes al 10% del alumnado.
La ministra Morant ha subrayado que estas exigencias se aplicarán tanto a universidades públicas como privadas, incluyendo las universidades ‘on line’ de nueva creación, para garantizar estándares de calidad homogéneos en todo el país.
En paralelo, el Gobierno destina 26,7 millones de euros a financiar 1.783 plazas públicas de Grado en medicina para el curso 2025-2026, con el objetivo de asegurar el relevo generacional en el sistema sanitario. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado que esta medida permitirá mantener la calidad formativa y responder a la futura demanda de profesionales.
El Consejo de Ministros también ha presentado el informe sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), que analiza la situación entre 2015 y 2024 en la sanidad pública. Según García, solo el 21,2% de los abortos se realizaron en centros públicos en 2024, frente al 78,8% en privados, con importantes diferencias territoriales. La ministra ha instado a homogeneizar el acceso en todo el país y ha subrayado la necesidad de garantizar el derecho de elección de las mujeres.
Otras medidas aprobadas incluyen ayudas de hasta 100 euros para menores de 16 años para la compra de gafas y lentes de contacto, la regulación del uso medicinal del cannabis para patologías graves y la presentación del Anteproyecto de Ley de Administración Abierta, que reforzará la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en la gestión pública.
El Ejecutivo también ha aprobado el IV Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado, con medidas contra la brecha salarial, violencia de género y acoso laboral, y ha reconocido con una declaración institucional el 20º aniversario de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Además, se ha concedido a título póstumo la Gran Cruz de Carlos III a los expresidentes de Aragón y Extremadura, Javier Lambán y Guillermo Fernández Vara, como homenaje a su trayectoria y vocación de servicio público.
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