El Gobierno impulsa la reforma constitucional para garantizar el derecho al aborto

El Ejecutivo aprueba el anteproyecto para incorporar la interrupción voluntaria del embarazo en el artículo 43 de la Constitución y exige a comunidades cumplir con el registro de objetores

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución para asegurar el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. La medida, anunciada el 14 de octubre de 2025, busca incorporar este derecho como garantía prestacional dentro del sistema sanitario público, reforzando así la sanidad pública y protegiendo los derechos fundamentales de las mujeres.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, explicó que el nuevo artículo 43.4 reconocerá expresamente: «Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres». Redondo subrayó que la reforma responde a la necesidad de proteger los derechos de las mujeres frente a oleadas reaccionarias nacionales e internacionales que buscan recortar libertades conquistadas.

La tramitación de la reforma seguirá lo establecido en el artículo 167 de la Constitución y requerirá informe del Consejo de Estado, así como la aprobación por mayoría de tres quintos en el Congreso y el Senado. En caso de desacuerdo, se creará una Comisión Mixta que propondrá un nuevo texto y podría convocarse un referéndum de ratificación si lo solicita una décima parte de los diputados o senadores. La ministra hizo un llamamiento a los partidos de la oposición a sumarse a la defensa de los derechos de las mujeres y trasladar el amplio respaldo social a la mayoría parlamentaria necesaria para la aprobación.

Además, el Ejecutivo ha activado un requerimiento formal para que Aragón, Baleares y la Comunidad de Madrid cumplan con la obligación de mantener un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia respecto al aborto. La ministra de Sanidad, Mónica García, recordó que este registro es una obligación legal y una herramienta esencial para garantizar que los derechos de los profesionales sean compatibles con los derechos de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo. Las comunidades afectadas disponen de un mes para responder al requerimiento antes de que el Gobierno pueda acudir a los tribunales.

Paralelamente, el Consejo de Ministros ha aprobado la incorporación a la Entidad Estatal de Vivienda de ocho infraestructuras y terrenos penitenciarios del Ministerio del Interior, que permitirán construir viviendas públicas para 1.332 familias en cinco comunidades autónomas. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, destacó que estos terrenos, valorados en 78 millones de euros, se encuentran en zonas urbanas y contribuirán a consolidar la convivencia vecinal y preservar la memoria histórica de los espacios.

Entre los desarrollos más relevantes figura el de los terrenos de la cárcel de Carabanchel, en Madrid, que permitirán la construcción de 508 viviendas y continuarán la transformación del barrio de Campamento. La ministra Rodríguez señaló que se trabajará en colaboración con ayuntamientos y vecinos para agilizar los proyectos y garantizar la inclusión social.

Durante la rueda de prensa, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, también destacó la implicación de España en el Plan de Paz para Oriente Próximo, firmado recientemente en Egipto, subrayando el papel «clave y valiente» del país en la promoción de una paz justa y duradera, así como en la reconstrucción de Gaza y el reconocimiento de los dos Estados.

Con esta doble iniciativa, el Gobierno pretende garantizar los derechos reproductivos de las mujeres, fortalecer la sanidad pública y avanzar en políticas de vivienda pública, consolidando su compromiso con los derechos fundamentales y el bienestar social.