El Gobierno mantiene el crecimiento económico del 2,2% en España para 2026 pese a la guerra en Irán
El Consejo de Ministros ratifica la previsión de crecimiento económico del 2,2% en España para 2026, aprueba exenciones fiscales para víctimas y refuerza la financiación frente a la DANA y la prevención de riesgos laborales
El Gobierno mantendrá la previsión de crecimiento económico del 2,2% en España para 2026, a pesar del impacto internacional derivado de la guerra en Irán. Así lo anunció este martes el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tras el Consejo de Ministros celebrado en Madrid, en el que también se aprobaron nuevas medidas fiscales y sociales con efectos en comunidades autónomas y ayuntamientos.
El Ejecutivo remitirá el próximo 30 de abril a la Comisión Europea el Informe de Progreso Anual de 2026, en cumplimiento del nuevo marco de reglas fiscales. El documento actualiza el escenario macroeconómico en un contexto marcado por el encarecimiento energético y la incertidumbre internacional.
Según explicó el ministro de Economía, el impacto del conflicto en Irán podría restar entre una y ocho décimas al Producto Interior Bruto (PIB). No obstante, el Gobierno mantiene sin cambios su previsión de crecimiento económico del 2,2% en España para 2026, a la espera de disponer de mayor certidumbre en las próximas semanas.
El Ejecutivo sí ha revisado al alza la previsión de inflación, elevando el deflactor del PIB del 2,1% al 3,1%, un punto más de lo estimado anteriormente.
En materia de empleo, el Gobierno destacó los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2026. España ha superado por primera vez los 25 millones de personas en población activa y alcanza más de 22,5 millones de ocupados. De ellos, 19 millones son asalariados y más de 16,2 millones cuentan con contrato indefinido.
Además, el Ejecutivo prevé que a finales de abril se registren alrededor de 22.060.000 afiliados a la Seguridad Social. El ritmo de creación de empleo se sitúa en torno a medio millón de puestos de trabajo anuales en términos desestacionalizados.
En el plano presupuestario, el Gobierno estima cerrar 2026 con un déficit público en torno al 1,6%, una vez descontados gastos extraordinarios asociados a situaciones como la DANA. La ratio de deuda pública sobre el PIB se situaría en el 99,3% a finales de año, adelantando el objetivo de bajar del 100% previsto inicialmente para el final de la legislatura.
Medidas fiscales y apoyo a víctimas
El Consejo de Ministros aprobó un real decreto ley que introduce exenciones fiscales y mejoras en prestaciones. Entre las principales medidas figura la exención en el IRPF de las indemnizaciones a víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica, en el marco del acuerdo de reparación suscrito con distintas instituciones.
El texto también mejora las prestaciones para las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, que pasarán a asimilarse a accidentes laborales, lo que incrementará las cuantías por incapacidad, viudedad u orfandad.
En relación con catástrofes naturales, el decreto incluye nuevas medidas vinculadas a la DANA de 2024. El Gobierno ha puesto a disposición de la Generalitat Valenciana 3.064 millones de euros en 2024 y 2025, y estudia una nueva aportación para 2026. Asimismo, ya se han transferido 1.745 millones de euros a ayuntamientos afectados y se flexibilizarán las reglas fiscales municipales para que los gastos derivados de la DANA no computen en el cumplimiento de los objetivos fiscales.
También quedarán exentas de tributación las donaciones realizadas por entidades sin ánimo de lucro a personas afectadas por la DANA y las ayudas públicas destinadas a víctimas de incendios forestales.
Reforma de la prevención de riesgos laborales
El Consejo de Ministros abordó además el anteproyecto de reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con el objetivo de actualizar una norma en vigor desde hace 30 años.
La nueva regulación incorporará la perspectiva de género, la adaptación a la edad del trabajador, la digitalización, los riesgos derivados del cambio climático y la salud mental. También se extenderá expresamente a los trabajadores autónomos, cuyo índice de siniestralidad ha aumentado en los últimos años.
En 2025 se registraron 735 fallecimientos por accidentes laborales en España, según recordó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
El anteproyecto es fruto de más de dos años de diálogo social y deberá iniciar ahora su tramitación parlamentaria.
Distribución del Plan Corresponsables
Por último, el Ejecutivo autorizó la propuesta de distribución de 142,5 millones de euros entre comunidades autónomas, Ceuta y Melilla para el desarrollo del Plan Corresponsables, destinado a financiar servicios de cuidado profesional y fomentar la conciliación familiar.
Con este conjunto de medidas, el Gobierno sostiene su previsión de crecimiento económico del 2,2% en España para 2026 en un escenario internacional marcado por la incertidumbre energética y geopolítica.
