El Gobierno pide a la Fiscalía investigar la pornografía infantil en redes sociales y los deepfakes sexuales

El Consejo de Ministros acuerda solicitar a la Fiscalía que abra una investigación sobre posibles delitos de pornografía infantil en redes sociales y violencia sexual digital contra menores, una medida que afecta a miles de familias en Cádiz y el resto de España.

El Gobierno ha acordado instar a la Fiscalía General del Estado a investigar posibles delitos de pornografía infantil en redes sociales y otras formas de violencia sexual digital contra menores, especialmente aquellos vinculados a la creación y difusión de imágenes manipuladas mediante inteligencia artificial, conocidas como deepfakes.

La decisión fue adoptada este martes en el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y se ampara en el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El Ejecutivo solicitará al Ministerio Fiscal que analice estos hechos y, en su caso, ejerza las acciones penales correspondientes.

Según explicó la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, tras la reunión, la medida busca proteger “la seguridad, la intimidad y la dignidad” de los menores ante el aumento de contenidos sexuales falsificados que circulan en plataformas digitales. El acuerdo se basa en un informe técnico elaborado por los ministerios de Presidencia, Transformación Digital y Juventud e Infancia.

El documento analiza prácticas como la generación de imágenes sexuales falsas a partir de fotografías reales de menores y su difusión masiva en redes sociales. Estas técnicas, facilitadas por herramientas de inteligencia artificial generativa, permiten crear contenidos hiperrealistas que pueden menoscabar la dignidad de las víctimas y tener consecuencias penales.

El informe también señala la posible responsabilidad de las plataformas digitales en la difusión de estos contenidos, al permitir su propagación rápida y, en ocasiones, dificultar su detección y retirada. El Ejecutivo considera que la viralización y monetización de este tipo de material puede favorecer la creación de redes que produzcan y compartan pornografía infantil en redes sociales.

Datos aportados por la Comisión Europea indican que el 98% de los deepfakes detectados en internet tienen carácter pornográfico. En España, una de cada cinco personas jóvenes afirma haber sufrido la difusión de falsos desnudos creados con inteligencia artificial cuando era menor de edad, según cifras citadas en el informe. Además, un tercio asegura haber padecido acoso sexual digital durante su infancia, de acuerdo con datos de Save the Children.

Aunque la iniciativa tiene alcance estatal, la problemática afecta también a la provincia de Cádiz, donde centros educativos y asociaciones de madres y padres vienen alertando en los últimos años del aumento de casos de acoso digital entre adolescentes. La expansión del uso de teléfonos móviles y redes sociales entre menores ha incrementado la exposición a este tipo de riesgos.

El acuerdo aprobado solicita a la Fiscalía que, dentro de su autonomía y tras oír a la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, establezca criterios de actuación y medidas concretas que permitan a las víctimas y a sus representantes legales ejercer sus derechos. En enero, el Ministerio de Juventud e Infancia ya había planteado la necesidad de estudiar estos posibles delitos.

El Gobierno enmarca esta decisión en un paquete más amplio de medidas para regular el entorno digital y reforzar la protección de los menores en internet. Se trata de la primera actuación tras el anuncio realizado por el presidente del Ejecutivo a principios de febrero en la Cumbre de Gobiernos celebrada en Dubái.

España se suma así a otros países que han iniciado investigaciones o actuaciones regulatorias similares. En Francia, la fiscalía investiga la generación de deepfakes sexuales en la red social X. La Comisión Europea mantiene abiertas actuaciones bajo la Ley de Servicios Digitales contra varias plataformas por la difusión de contenidos ilícitos.

El Ejecutivo sostiene que la intervención del Ministerio Fiscal responde a la necesidad de actuar ante un entorno digital que, según el acuerdo aprobado, facilita la comisión de delitos con una elevada sensación de impunidad. La Fiscalía deberá ahora analizar los hechos y determinar si procede abrir diligencias penales.