El Gobierno presenta en el CPFF su propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica con incremento de recursos y mayor capacidad fiscal
La ministra de Hacienda plantea elevar la recaudación cedida, reforzar la solidaridad y permitir a las comunidades optar por permanecer en el modelo vigente.
El Gobierno ha presentado este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) su propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica. El documento plantea una actualización del sistema vigente desde 2009 y establece un incremento de recursos, modificaciones en los criterios de reparto y una mayor autonomía tributaria para las comunidades autónomas.
La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, explicó los ejes del planteamiento ante los consejeros de Hacienda autonómicos. El Ministerio estima que la reforma supondrá en 2027 un incremento de 20.975 millones respecto al modelo actual, hasta alcanzar una distribución total de 224.507 millones. En el último ejercicio liquidado, correspondiente a 2023, las comunidades recibieron 152.484 millones.
Uno de los elementos anunciados es la posibilidad de que las comunidades opten por acogerse al nuevo sistema o permanecer en el actual. La opción de mantener el statu quo ya se contempló en la reforma de 2009 y permite, en teoría, evitar pérdidas netas en los primeros años de transición.
El Ministerio avanzó que se abrirán reuniones técnicas bilaterales para analizar la propuesta con cada comunidad autónoma antes de iniciar la tramitación parlamentaria. El Gobierno mantiene su intención de que el nuevo sistema sea aprobado como ley orgánica.
Más capacidad tributaria y variaciones en los criterios de reparto
La propuesta incorpora cambios en la cesión de tributos. Hacienda plantea elevar los porcentajes cedidos a las comunidades en el IRPF y el IVA. La cesión del IRPF pasaría del 50 % al 55 % y la del IVA del 50 % al 56,5 %. También se incorporarían al sistema otros tributos como el Impuesto sobre el Patrimonio, el de Depósitos Bancarios o el de Residuos en Vertederos. El Ejecutivo sostiene que estos cambios ampliarían la autonomía fiscal y la corresponsabilidad en la recaudación.
El documento incluye la actualización del criterio de población ajustada, que pondera variables demográficas para determinar necesidades de gasto. Entre los elementos incluidos figuran la edad, la población escolar, la población universitaria desplazada, los mayores de 65 años, el número de parados sin prestación y factores geográficos como la superficie, la insularidad o la dispersión. Este criterio se utiliza para estimar el coste de servicios como sanidad, educación y servicios sociales.
Para cubrir diferencias entre territorios se recoge un doble mecanismo de nivelación. La nivelación horizontal se plantea para equilibrar recursos entre comunidades con distinta capacidad tributaria, mientras que la vertical incluye una aportación estatal adicional para reducir la brecha entre territorios. Hacienda estima esta aportación estatal en 19.000 millones.
El Gobierno afirma que el nuevo sistema reducirá las diferencias en financiación por habitante ajustado y que ningún territorio recibirá menos que con el modelo actual, mediante una garantía de statu quo.
Reacciones y contexto político
El Partido Popular ha planteado la posibilidad de vincular parte de la financiación al aumento de la vivienda pública. El Gobierno señaló que está dispuesto a estudiar esta propuesta y analizar su extensión a servicios como sanidad y educación. El debate sobre la vivienda ha adquirido peso político en los últimos meses y podría incorporarse a los mecanismos de financiación sectorial.
El modelo también incorpora un fondo climático dirigido a atender los efectos del cambio climático en distintos territorios. Este fondo se distribuirá en función de criterios de población ajustada y afectación territorial.
El sistema de financiación autonómica constituye uno de los asuntos centrales de la agenda territorial debido a su impacto en servicios como sanidad, educación y dependencia. La reforma pendiente desde hace años ha provocado diferencias entre comunidades con distintos niveles de renta, densidad poblacional y coste de prestación de servicios.
El Ministerio sostiene que la propuesta beneficia a todas las comunidades y refuerza la solidaridad interterritorial, mientras que distintos gobiernos autonómicos han reclamado participar en el diseño final. La negociación se prolongará en las próximas semanas con reuniones técnicas y posteriormente con la valoración política en el Congreso.
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