El Gobierno de España ha informado que desde 2018 se han creado en la provincia de Cádiz un total de 14 unidades judiciales, además de estar prevista la posibilidad de autorizar medidas de refuerzo judicial para afrontar «situaciones coyunturales de exceso de carga de trabajo» de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 216 bis, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
El acuerdo de estas medidas corresponde al Consejo General del Poder Judicial, contando con la autorización económica previa del Ministerio de Presidencia Justicia y Relaciones con las Cortes conforme a su disponibilidad presupuestaria, ha argumentado en una pregunta escrita de respuesta al grupo parlamentario Vox en el Congreso, recogida por Europa Press, sobre las medidas establecidas para mejorar la situación de la justicia en la provincia gaditana, así como las previsiones acerca de impulsar las recomendaciones recogidas en el Informe del Servicio de Inspección del CGPJ.
En ese sentido, el Ejecutivo central ha señalado que desde el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se está trabajando «de manera continuada a lo largo de los últimos años» para dotar a la provincia de Cádiz y a la totalidad del territorio nacional, de una estructura judicial «acorde a las necesidades existentes».
De esta manera, en las últimas cinco anualidades se han autorizado «siete medidas de refuerzo judicial» en la provincia de Cádiz, a petición del Consejo General del Poder Judicial y actualmente se ha informado de que «no hay ninguna medida de refuerzo solicitada pendiente de autorización económica previa para este territorio».
Además, se ha asegurado que el Gobierno, «consciente de las singularidades de la comarca del Campo de Gibraltar», ha elaborado un plan interministerial que intenta abordar desde diferentes aspectos la situación que se vive actualmente en la zona «para que se pueda dar solución a los problemas» y que deriva el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar de 2018.
Respecto a otras medidas que se estén impulsando en materia de Justicia a nivel general, el Gobierno ha respondido que se está trabajando en la implantación del Proyecto del Nuevo Modelo de Registro Civil, «un importante proyecto de modernización» que se caracteriza por configurar el Registro Civil como «público, gratuito, único» para toda España, electrónico e interoperable, que reúne «numerosas ventajas», tanto para el ciudadano como para la administración, como son, entre otras, la reducción de trámites para la ciudadanía, así como la comunicación electrónica con los órganos judiciales.