Los populares creen que debería hacerse en coordinación con otras comunidades autónomas, administraciones sanitarias, sociales y educativas, sociedades científicas, colegios profesionales y asociaciones de afectados
El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Cádiz ha presentado una propuesta para el pleno del próximo 22 de marzo en la que, en primer lugar, se insta al resto de los grupos a solicitar al Ministerio de Sanidad a la elaboración de un protocolo específico que incida en la necesidad de un tratamiento integral para los afectados por Patología Dual. Este protocolo se haría en coordinación y colaboración con las Comunidades Autónomas, administraciones sanitarias, sociales y educativas, sociedades científicas, colegios profesionales y asociaciones de afectados.
Además, el PP incidirá en su propuesta en exigir al Gobierno Central la redacción de una Ley de Salud Mental que garantice el derecho a la protección de la salud mental a través en España tanto de su promoción como de la prevención de la enfermedad, asistencia, cuidados y rehabilitación de las personas con problemas de salud mental o de las personas con discapacidad psicosocial, así como de sus familias.
Los populares consideran que la coexistencia de adicciones y trastornos mentales «es una realidad en aumento hoy en día estimándose que entre seis y siete de cada diez personas que son atendidas en la red de atención a las adicciones presentan también otro trastorno mental; mientras que aproximadamente el 30% de las personas que son atendidas en la red de salud mental presentan también una adicción».
El Grupo Municipal Popular manifiesta que la patología dual es reconocida ya por la OMS como enfermedad mental aunque «aún queda mucho camino por recorrer hasta conseguir un tratamiento integral que incluya la atención por parte de profesionales expertos, terapias adecuadas y que incluya la necesaria colaboración de las familias».
Para ello, insisten los populares, es necesario la redacción por parte del Ministerio de Sanidad de un protocolo específico en donde se incida en esa necesidad de un tratamiento integral para estos enfermos».
Dicho protocolo, coordinado con las Comunidades Autónomas, «debería redactarse en colaboración con administraciones sanitarias, sociales y educativas, sociedades científicas, colegios profesionales y asociaciones, a fin de mejorar la prevención, el diagnóstico precoz y el abordaje integral de esta patología».
Para el PP, «tampoco ayuda en el correcto tratamiento de esta enfermedad la inexistencia en España de una Ley de Salud Mental, solicitada desde hace años por familiares, asociaciones, partidos políticos y otras administraciones pero que, a diferencia de otras leyes estatales más «urgentes», no parece que sea una prioridad para el actual Gobierno».