El Ingreso Mínimo Vital actualiza sus cuantías para 2026 y refuerza el acceso mediante solicitud telemática y atención personalizada

El Ingreso Mínimo Vital 2026 incrementa la renta garantizada, mantiene los complementos por monoparentalidad y discapacidad y establece canales telemáticos y presenciales para tramitar la prestación.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha actualizado las cuantías del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para el ejercicio 2026 y ha recordado los requisitos de acceso y los canales disponibles para tramitar la prestación. El IMV es una ayuda económica gestionada por la Seguridad Social y dirigida a personas y unidades de convivencia con recursos insuficientes para cubrir necesidades básicas. La prestación fue creada en 2020 y quedó consolidada en la Ley 19/2021 tras su aprobación en el Congreso.

Según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social correspondientes a 2025, la prestación beneficia a 2.441.647 personas distribuidas en 799.553 hogares en todo el país. El Gobierno considera el IMV una herramienta de protección frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, complementada con medidas de inserción social y laboral en coordinación con comunidades autónomas y entidades locales.

La normativa permite la solicitud individual o en nombre de una unidad de convivencia. En el caso individual, pueden solicitar la prestación personas de al menos 23 años que no formen parte de una unidad de convivencia y que no estén casadas ni inscritas como pareja de hecho, salvo en casos de separación o divorcio en trámite. Excepciones adicionales permiten el acceso a mujeres víctimas de violencia de género o trata, así como a jóvenes de 18 a 22 años que provengan de centros de protección o sean huérfanos absolutos. Para unidades de convivencia, la solicitud debe ser presentada por un titular mayor de edad y firmada por todos los integrantes adultos.

Las cuantías del IMV se determinan en función de la denominada renta garantizada, que fija un umbral económico mínimo. Para 2026, la renta garantizada individual se sitúa en 733,6 euros mensuales tras un incremento del 11,4%. En el caso de unidades de convivencia, la cuantía aumenta un 30% por cada miembro adicional hasta un máximo del 220% del umbral individual, lo que fija un límite de 1.613,92 euros para unidades de cinco miembros o más.

La prestación contempla complementos específicos. En primer lugar, el complemento por monoparentalidad añade un 22% del mínimo individual en casos de unidades formadas por un solo adulto con menores a cargo o situaciones equiparables. En segundo lugar, existe un complemento del mismo importe para unidades donde algún miembro tenga reconocida una discapacidad igual o superior al 65%. A estos se suma el Complemento de Ayuda para la Infancia, que se abona mensualmente por cada menor de edad e incluye tres tramos: 115 euros para menores de 3 años; 80,50 euros para menores entre 3 y 6 años; y 57,50 euros para menores entre 6 y 18 años. Este complemento puede concederse a unidades que no sean beneficiarias del IMV si cumplen determinados requisitos de renta.

La cuantía de la prestación puede modificarse a lo largo del año en función de cambios en la situación personal, familiar o económica del beneficiario, con efectos desde el mes siguiente al hecho causante. Además, cada 1 de enero se recalcula automáticamente la prestación en función de los ingresos reales del año anterior.

La solicitud puede presentarse por vía telemática mediante certificado electrónico o sistema Cl@ve en la Sede Electrónica de la Seguridad Social, o bien sin identificación digital a través de un formulario en línea que requiere documentación complementaria. También puede tramitarse de forma presencial en los Centros de Atención e Información (CAISS). Durante el proceso se exige acreditar identidad, residencia, composición de la unidad de convivencia y situación económica.

Para resolver dudas, la Seguridad Social dispone del teléfono gratuito 020 para información sobre requisitos, documentación y trámites vinculados al IMV. Se trata de un canal de consulta que permite asesoramiento previo sin necesidad de iniciar una solicitud, un aspecto relevante para hogares que desconocen si cumplen las condiciones de acceso.

El IMV forma parte del conjunto de políticas estatales orientadas a garantizar mínimos de renta y protección social. En los últimos años, la prestación ha incorporado mecanismos de compatibilidad con el empleo para favorecer la inclusión laboral de sus beneficiarios y reducir las barreras de acceso.