El juzgado admite a trámite la denuncia de Ciudadanos sobre el cambio de titularidad de la concesión de los chiringuitos


El juzgado ha admitido a trámite la denuncia presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos contra el alcalde por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos, cometidos presuntmente durante la tramitación del cambio de titularidad de la concesión administrativa de los chiringuitos. La jueza ha abierto diligencias previas y ha requerido tanto al Ayuntamiento como a la Junta de Andalucía la remisión de la documentación sobre este asunto.

Así lo han anunciado en la mañana del viernes los miembros del Grupo Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao y María Fernández Trujillo, que han comparecido ante los medios en el Salón Isabelino del Ayuntamiento de Cádiz.

Según la relación de hechos relatada por los concejales, el Ayuntamiento inició un expediente para modificar las condiciones de la concesión administrativa que la Junta de Andalucía había otorgado al Consistorio para la instalación de los chiringuitos, con la intención de trasladarles las nuevas condiciones a los titulares de los establecimientos. La Comisión Consultiva de la Contratación Pública de Andalucía dictó un informe en el que ponía de manifiesto que no era posible trasladar directamente estas condiciones sin convocar un nuevo concurso.

Tras la negativa de la Comisión el Ayuntamiento desistió del expediente iniciando otro en el que transmitía a los propietarios de los chiringuitos la concesión administrativa, para que fueran estos los que solicitaran a la Junta de Andalucía la modificación de las condiciones.

El alcalde, mediante la firma de un decreto, transmitió la concesión a los propietarios de los establecimientos, hecho este en el que los concejales de Ciudadanos aprecian la consumación de dos presuntos delitos: el de prevaricación, al “saltarse el Ayuntamiento una prohibición legal de modificar las condiciones sustanciales de los chiringuitos sin someter este asunto a un nuevo concurso público” y el de malversación de caudales públicos, “al realizarse esta transmisión sin valorar económicamente la concesión y sin recibir nada a cambio”. En palabras de Pérez Dorao lo que hizo el alcalde fue “regalar una concesión administrativa”.

Además de estos presuntos delitos, Pérez Dorao ha acusado a José María González de crear inseguridad jurídica con este asunto, ya que para la Junta de Andalucía los titulares de la concesión son los propietarios de los establecimientos mientras que desde el Ayuntamiento lo niegan, considerando que es el Consistorio el titular de este derecho.

La jueza, además de la documentación requerida, ha llamado a declarar a los concejales de Ciudadanos en calidad de testigos para conocer su versión.

El Ayuntamiento acusa a Ciudadanos de denunciar unos hechos falsos

Por su parte, el Equipo de Gobierno ha mostrado su más rotundo rechazo a la denuncia interpuesta por el grupo municipal Ciudadanos “quienes no han dudado a la hora de judicializar de nuevo la vida política aún siendo falsos los hechos que expone”. En este sentido critica que acusen al alcalde de la ciudad, José María González, de dos delitos de malversación y prevaricación “sin importarles que estos hechos sean falsos y sin presentar prueba alguna”.

El Equipo de Gobierno precisa que el juzgado no ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por Ciudadanos, “tan sólo ha pedido información al Ayuntamiento sobre el expediente administrativo, como no podía ser de otra manera, información que se elaborará y se entregará según los tiempos establecidos”. “Estamos convencidos que una vez la tenga en su poder y la estudie y dada cuenta lo falaz de la denuncia y la falta de rigor jurídico de la misma va a dejarla sin efecto.”

Esto hace pensar que “el portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao quizás se esté dejando llevar por otros intereses que no son los del beneficio de la ciudadanía”. “Como letrado que es, Pérez Dorao debería saber a estas alturas que para que exista un delito de prevaricación debería haber una resolución administrativa y firme” por lo que “anima al portavoz de Ciudadanos que exhiba, muestre o enseñe el documento que acredite la firma del alcalde para el traspaso de titularidad de los chiringuitos”.

Explican que tal y como se acordó en una de las muchas reuniones mantenidas con la Junta de Andalucía sobre la situación de los chiringuitos, se solicitó información a la Administración Autonómica sobre los procesos a seguir, un proceso que la Junta se mostró favorable pero que el Ayuntamiento decidió no formalizar y paralizar en base a los informes técnicos municipales de los que disponía. Es más, le recuerda que ha sido en Junta de Gobierno donde se ha aprobado la desestimación de seguir adelante con el proceso, de lo que sí se tiene constancia oficial, por lo que “va en sentido contrario a la denuncia presentada por Ciudadanos que carece de todo fundamento”.

En cuanto a la acusación de malversación de caudales públicos señalan que “como abogado que es, Pérez Dorao también debería saber que para que se produzca este delito debería existir algún tipo de daños y perjuicios por parte del Ayuntamiento, unos supuestos daños que ni siquiera él ha podido cuantificar”. Así, ha hecho hincapié en que se siguen cobrando los canon correspondientes tal y como se recoge en la concesión de los chiringuitos.

Por todo esto, “no nos queda duda de que éste es el enésimo intento por judicializar la vida política  y de seguir poniendo palos en la rueda de este Equipo de Gobierno”. Añaden que “el único objetivo real de esta denuncia es seguir con la campaña de desprestigio del alcalde y desgastar su imagen pública a pesar de que se tergiverse y hasta manipule la realidad con el único propósito de poner otros intereses por encima de la ciudad”.

Por último, ha pedido al portavoz de Ciudadanos “que no siga ejerciendo una oposición irresponsable, sin ningún tipo de escrúpulos, como ha venido haciendo al criticar en plena temporada alta el estado de las playas con un falsedad absoluta perjudicando así los intereses de la ciudad y ahora vuelve a perjudicar a los hosteleros de la playa promoviendo una polémica sin fundamento que no les hace ningún favor con el único fin de sacar rédito político”.

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