El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, ha iniciado dos nuevos expedientes sancionadores contra grandes operadores de comercio electrónico por presuntas prácticas de rebajas engañosas durante el último «Black Friday». Estas acciones se suman a los expedientes abiertos hace dos semanas contra otras dos importantes empresas de venta online por motivos similares.
El Ministerio ha identificado que algunos operadores subieron los precios de ciertos productos antes del «Black Friday» para luego bajarlos nuevamente al precio original, creando una falsa percepción de descuento entre los consumidores. Un ejemplo citado en la investigación muestra que unas zapatillas deportivas, cuyo precio era de 29,99 euros el 18 de noviembre, se incrementaron a 48,95 euros el 20 de noviembre y se rebajaron nuevamente a 29,99 euros el 24 de noviembre. Esta práctica da la ilusión de una rebaja de 18,96 euros, cuando en realidad no hubo tal descuento.
Estas prácticas violan el artículo 20 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, que exige que el precio anterior mostrado debe ser el menor aplicado en los treinta días precedentes, permitiendo así a los consumidores hacer una comparación adecuada. Además, se considera una infracción grave según el artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, con multas que pueden llegar hasta los 100.000 euros, o incluso más, si se considera el beneficio ilícito obtenido.
La Dirección General de Consumo, tras una investigación previa y la monitorización de más de 1.000 productos mediante la herramienta «Price Reduction Tool» de la Comisión Europea, detectó que más del 20% de los productos analizados no cumplían con las normativas, y un 60% de las empresas investigadas habían cometido estas prácticas fraudulentas. La investigación sigue abierta y podrían iniciarse más expedientes sancionadores.
Además, el Ministerio de Derechos Sociales ha anunciado que intensificará la vigilancia durante las próximas rebajas de verano, que suelen comenzar a mediados de junio, para evitar que se repitan estas prácticas engañosas.
Desde la Dirección General de Consumo se aclara que la apertura de estos expedientes no prejuzga el resultado final de la investigación, y se ha establecido un periodo máximo de 9 meses para la instrucción y resolución de los mismos por parte del Ministerio.