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El nuevo Reglamento de Suministro Eléctrico prohíbe contratos por llamadas no solicitadas y facilita el cambio de compañía

Redacción 23 julio, 2026 4 minutos de lectura

El nuevo Reglamento de Suministro Eléctrico, ya en vigor, impide cerrar contratos mediante llamadas comerciales no autorizadas y fija un plazo máximo de 10 días hábiles para cambiar de comercializadora sin penalización, salvo excepciones

El nuevo Reglamento de Suministro Eléctrico ya está en vigor e introduce cambios que afectan directamente a los consumidores gaditanos, entre ellos la prohibición de formalizar contratos a través de llamadas comerciales no solicitadas y nuevas facilidades para cambiar de compañía eléctrica.

La normativa, desarrollada a nivel estatal y difundida en Andalucía por la Dirección General de Consumo de la Junta, establece que las comercializadoras solo podrán cerrar contratos por vía telefónica cuando el contacto haya sido previamente solicitado o autorizado por la persona interesada. Con ello se limita una práctica habitual en el sector, basada en llamadas comerciales sin petición previa.

Además, el reglamento refuerza el derecho de los usuarios a cambiar de comercializadora. Como norma general, los contratos podrán resolverse sin penalización, salvo en determinados supuestos, como algunos contratos con precio fijo antes de su primera renovación anual. En cualquier caso, las penalizaciones máximas no podrán superar el 5% de la energía estimada pendiente de suministro.

El plazo máximo para que el cambio de compañía sea efectivo será de 10 días hábiles desde la formalización del contrato. Cuando sean necesarias actuaciones técnicas complejas, ese plazo podrá ampliarse en cinco días hábiles adicionales.

Más información antes de firmar

Otra de las novedades del nuevo Reglamento de Suministro Eléctrico es la obligación de reforzar la información que reciben los consumidores antes de contratar. Las comercializadoras deberán entregar un documento resumen separado del contrato en el que se recojan de forma clara las condiciones principales.

Ese documento deberá incluir el precio de la electricidad, la duración del contrato, las condiciones de renovación, las posibles penalizaciones, los servicios adicionales contratados y los procedimientos para presentar reclamaciones. El objetivo es que el consumidor conozca de forma sencilla los aspectos esenciales antes de asumir el compromiso.

Asimismo, las compañías estarán obligadas a comunicar cualquier modificación de las condiciones contractuales con al menos un mes de antelación. Esta comunicación deberá realizarse por escrito y de manera separada a la factura. En ese mismo aviso deberán informar del derecho del cliente a rescindir el contrato sin coste alguno si no acepta los cambios.

La misma obligación de preaviso se aplicará a las revisiones de precios previstas en el contrato. El consumidor deberá ser informado con un mes de antelación antes de que la modificación entre en vigor.

Facturación mensual y con lecturas reales

En materia de facturación, la nueva regulación establece como regla general que los peajes, cargos y la energía consumida se facturen mensualmente y sobre la base de lecturas reales. Solo se permitirá la facturación bimestral cuando no existan equipos de lectura remota y esta circunstancia no sea imputable al encargado de la lectura.

Este cambio busca ajustar las facturas al consumo real y reducir las estimaciones, una de las principales quejas trasladadas por usuarios en los últimos años.

Desde Consumo se recuerda que las personas usuarias tienen derecho a elegir libremente la oferta que mejor se adapte a sus necesidades y a cambiar de comercializadora dentro de los plazos establecidos. Ante cualquier incidencia o duda, pueden acudir a los servicios provinciales de consumo o a las oficinas municipales de información al consumidor.

La entrada en vigor del nuevo Reglamento de Suministro Eléctrico supone así un marco más restrictivo para la contratación telefónica y fija reglas más claras sobre cambios de compañía, penalizaciones, información previa y facturación, aspectos que afectan a miles de hogares y negocios en la provincia de Cádiz.