El informe, fruto de la visita de eurodiputados a Algeciras y Barbate, también plantea reconocer a los agentes de seguridad como profesionales de alto riesgo en toda la UE.
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aprobado este martes un informe que recomienda reformar el marco legal comunitario para que las agresiones a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sean tipificadas como “eurodelitos”, lo que implicaría su inclusión entre los crímenes de mayor gravedad en la Unión Europea.
El documento, respaldado por 18 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones, no será sometido a votación en el pleno de la Eurocámara, al tratarse de unas conclusiones derivadas de la misión parlamentaria que visitó el Campo de Gibraltar el pasado mayo. Los eurodiputados se desplazaron a Algeciras y Barbate para examinar las condiciones laborales de las Fuerzas de Seguridad desplegadas en la zona en tareas contra el narcotráfico y el control migratorio.
El informe insta a las instituciones comunitarias —Eurocámara, Consejo y Comisión Europea— a avanzar en una propuesta legislativa que permita incorporar este tipo de agresiones al listado de delitos graves recogidos en los Tratados, junto al terrorismo, el crimen organizado o el narcotráfico. Sin embargo, la Comisión Europea ya advirtió en septiembre sobre las dificultades jurídicas de dicha reforma, al no considerarse que estas agresiones tengan una dimensión transfronteriza.
Profesiones de alto riesgo y protección laboral
El texto también reclama que policías, militares, funcionarios de prisiones y agentes de fronteras y aduanas sean reconocidos como profesiones de alto riesgo en el conjunto de la Unión Europea. Esto supondría dotarles de protecciones legales, económicas y laborales específicas, como jubilación anticipada, protocolos de salud y seguridad adaptados, y refuerzo de la cobertura asistencial.
Enmiendas críticas con el Gobierno español
El documento incorpora dos enmiendas controvertidas que critican al Gobierno de España. En una de ellas, promovida por la eurodiputada del Partido Popular Elena Nevado del Campo, se “toma nota” de que el Ejecutivo otorgó ascensos en agosto de 2025 a los responsables de la operación de Barbate de febrero de 2024, en la que dos agentes de la Guardia Civil fueron asesinados por narcotraficantes, decisión adoptada “en contra del deseo de las familias de las víctimas”.
Otra enmienda, firmada por los eurodiputados Fabrice Leggeri (Agrupación Nacional) y Mireia Borrás y Juan Carlos Girauta (Vox), “lamenta” la supuesta retirada de pruebas clave antes de la visita de la delegación, concretamente la patrullera implicada en los asesinatos de Barbate, lo que califican de “grave obstáculo para la transparencia y la investigación”.
Críticas del grupo socialista
Desde el grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D), la eurodiputada Lina Gálvez ha criticado el informe, asegurando que “no refleja ni el espíritu ni las conclusiones compartidas por la mayoría de los eurodiputados presentes”, y acusó al PP y a Vox de una “politización inaceptable” de una misión “concebida para analizar las condiciones de trabajo de las fuerzas de seguridad en toda Europa”.
Pese a la controversia, el informe refuerza el debate sobre la protección jurídica y laboral de los agentes de seguridad europeos, un asunto especialmente sensible en territorios como el Campo de Gibraltar, donde la lucha contra el narcotráfico y la presión migratoria conllevan altos niveles de riesgo.
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