Entre los documentos que forman parte de la Exposición «Arqueología en los fondos del Archivo Histórico Provincial de Cádiz» que se inauguró en el día de ayer se encuentra este expediente relativo a un hallazgo arqueológico sucedido en 1838.
Tras el conocimiento por parte del Jefe Político de la provincia de que un temporal había dejado al descubierto algunos restos en la Primera Aguada, entre ellos un vaso de alabastro con varios anillos dentro, se nombra una comisión formada por José García, profesor de la Escuela de Nobles Artes, el notario y coleccionista numismático Joaquín Rubio y Félix de Clemente. Su cometido fue investigar el paradero de las alhajas aparecidas para instar a los poseedores a su devolución y realizar una excavación en la zona para conocer el alcance del hallazgo. Para ello se solicitó la ayuda de la Junta de Fortificación que aportó dos soldados y cuatro presos para apoyar la excavación.
Según el informe del arquitecto José María Armario, los restos hallados correspondían a un edificio que “no pudo clasificarse por que su dirección discurre por debajo de un edificio ruinoso de propiedad particular”. Sí localizan la piedra donde estaba colocado el jarrón de alabastro. La comisión se inhibe de seguir excavando sin la preceptiva indemnización al dueño.
Del destino de lo aparecido averiguan que los dos sepulcros fueron destruidos por la Junta de Fortificación que reaprovechó las piedras, el jarrón de alabastro lo compró el ayuntamiento a uno de los descubridores y las joyas fueron compradas por dos plateros, un anillo por el Cónsul de Inglaterra y otro por un comerciante francés.
El 1 de junio se eleva el expediente al Ministerio de Gobernación para informar a la reina, y ésta en 21 del mismo mes ordena que se dé cuenta de lo recuperado y de lo que falta.
Entre junio y septiembre la comisión realiza varios intentos de recuperar las joyas, mandan reiteradas cartas al Cónsul y al mercader, aunque infructuosamente, pues ambos dijeron haberlas regalado. El vaso de alabastro lo recuperan en octubre, tras varias negativas por parte del Ayuntamiento a entregarlo al considerarse su legitimo poseedor.
El 18 de octubre la Comisión eleva su informe al Jefe Político que, junto con el expediente instruido por el Ayuntamiento, se envía al Ministerio de Gobernación, con lo que se concluye el expediente.