El plan de respuesta a la guerra en Oriente Próximo moviliza 5.000 millones con rebajas fiscales y ayudas al transporte y la pesca
El plan de respuesta a la guerra en Oriente Próximo, aprobado por el Gobierno y ya en vigor, incluye bajadas del IVA de los combustibles y la luz, ayudas al gasóleo profesional y medidas específicas para sectores clave en provincias como Cádiz, como el transporte, la pesca y la agricultura.
El Gobierno central ha puesto en marcha el plan de respuesta a la guerra en Oriente Próximo, un paquete de 80 medidas urgentes dotado con más de 5.000 millones de euros para hacer frente al impacto económico y social derivado del conflicto iniciado el pasado 28 de febrero tras la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de este país.
El real decreto ley fue aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario el 20 de marzo, publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 21 y convalidado por el Congreso el 26 de ese mismo mes. Según el Ejecutivo, las medidas beneficiarán a 20 millones de hogares y tres millones de empresas en España y estarán vigentes “el tiempo que sea necesario”.
La crisis internacional ha provocado volatilidad en los mercados energéticos, aumento del precio del petróleo y el gas y tensiones en el tráfico marítimo, especialmente tras el bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte mundial de crudo. Estas circunstancias han repercutido en la inflación y en el encarecimiento de la energía y los carburantes.
Rebaja de impuestos energéticos
Entre las principales medidas figura la reducción temporal del IVA del 21% al 10% en carburantes, electricidad, gas natural, briquetas y pellets. Además, se reduce el Impuesto sobre Hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la normativa europea, lo que supone una rebaja de hasta 30 céntimos por litro, en función del combustible.
En el caso de la electricidad, el Impuesto Especial baja del 5% al 0,5% y se suspende de forma temporal el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica. También se congela el precio máximo de la bombona de butano y del propano.
Estas medidas afectan directamente a hogares y empresas de la provincia de Cádiz, donde el transporte por carretera, la actividad portuaria, la pesca y el sector agroalimentario tienen un peso relevante en la economía local.
Ayudas al gasóleo profesional y a fertilizantes
El plan contempla una ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo para profesionales que lo utilicen en su actividad, como transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. La ayuda será gestionada por la Agencia Tributaria.
Asimismo, se establece una ayuda para la compra de fertilizantes, cuyo precio se ha incrementado a raíz del conflicto. Podrán acogerse agricultores inscritos en los registros de explotaciones agrarias, con independencia de que reciban o no ayudas de la Política Agraria Común.
Para el sector pesquero, con presencia destacada en puertos gaditanos, el decreto incluye una ayuda compensatoria para la flota y la exención de la tasa sobre pesca fresca. También se amplía la línea de créditos ICO-MAPA-SAECA para el sector agroalimentario y pesquero.
Medidas para el transporte
El Consejo de Ministros aprobó el 14 de abril nuevas iniciativas específicas para el transporte. En el caso del transporte de mercancías por carretera, se consolida la revisión obligatoria y automática del precio del servicio cuando varíe el coste del combustible.
En el transporte ferroviario de mercancías se habilitan ayudas directas para compensar el sobrecoste del diésel en locomotoras, mientras que en el transporte marítimo se amplían las ayudas a determinados servicios de carga y pasajeros.
Escudo social y protección del empleo
El plan de respuesta a la guerra en Oriente Próximo también incluye medidas sociales. Se prorrogan durante todo 2026 los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, con rebajas del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para vulnerables severos. La ayuda mínima del bono social térmico se eleva a 50 euros.
Además, se prohíbe el corte de suministros básicos a hogares vulnerables y se impide que las empresas beneficiarias de ayudas despidan por causas objetivas vinculadas a la crisis hasta el 30 de junio de 2026.
Transición energética y fiscalidad
El segundo eje del plan tiene carácter estructural y busca reducir la dependencia de combustibles fósiles. Entre otras medidas, se establece una deducción de hasta el 15% en el IRPF para la compra de vehículos eléctricos enchufables y se recuperan deducciones por obras de rehabilitación energética en viviendas.
También se permite a los ayuntamientos bonificar hasta el 50% del IBI a quienes instalen sistemas de energía solar y hasta el 95% del impuesto sobre construcciones para este tipo de actuaciones.
Con este conjunto de medidas, el Ejecutivo pretende amortiguar el impacto inmediato del encarecimiento energético y acelerar la transición hacia un modelo menos dependiente de crisis internacionales como la actual.
