El Pleno no aprueba la tasa turística en Cádiz y reclama garantías jurídicas para debatirla
Una enmienda del PP sustituye la propuesta del PSOE sobre la tasa turística en Cádiz y condiciona cualquier avance al diálogo con el sector, la seguridad jurídica y el destino específico de la recaudación.
El Pleno del Ayuntamiento no ha aprobado implantar una tasa turística en Cádiz. La corporación dio luz verde este jueves a una enmienda de sustitución presentada por el PP que condiciona cualquier avance en esta materia a la existencia de garantías jurídicas, al diálogo con el sector y a que la recaudación tenga un destino específico.
La enmienda popular reemplazó la propuesta original del PSOE, que pretendía instar a la Junta de Andalucía a habilitar los mecanismos normativos necesarios para que los ayuntamientos pudieran decidir si aplican este gravamen. Al prosperar el texto alternativo, la iniciativa socialista decayó.
El acuerdo alcanzado no fija una cuantía, una fecha de entrada en vigor, los establecimientos afectados ni un procedimiento de cobro. Tampoco supone que quienes se alojen en la ciudad deban comenzar a abonar una cantidad adicional. Cualquier implantación requeriría decisiones y trámites posteriores.
El PSOE había recuperado el debate después de las declaraciones del responsable autonómico de Turismo contrarias a la puesta en marcha de este instrumento. Su portavoz defendió que cada municipio debería disponer de capacidad para decidir si establece la tasa en función de sus necesidades.
La formación socialista argumentó que el gravamen permitiría obtener recursos vinculados a los servicios y gastos asociados a la actividad turística. Su propuesta se dirigía a la Junta de Andalucía para que desarrollara el marco necesario y dejara después la decisión definitiva en manos de cada ayuntamiento.
Adelante Izquierda Gaditana también se mostró partidaria de habilitar la tasa turística en Cádiz. Su representante criticó que el Gobierno municipal condicione la medida y sostuvo que el debate debe incorporar la posición de los residentes afectados por la presión turística.
La formación consideró que no basta con consultar al sector empresarial y pidió escuchar también a los vecinos. Durante su intervención interpretó que las condiciones introducidas mediante la enmienda del PP aplazan la posibilidad de establecer el gravamen en la ciudad.
El PP rechazó que su posición suponga cerrar el debate. Su representante afirmó que el Gobierno municipal quiere abordar la tasa «con garantías jurídicas, con diálogo y con carácter finalista». Este último requisito implica que los ingresos deberían quedar vinculados a una finalidad determinada.
La enmienda plantea promover una modificación de la legislación estatal reguladora de las haciendas locales para ofrecer a los ayuntamientos la seguridad jurídica que reclama el Ejecutivo municipal. El acuerdo no concreta qué cambios deberían introducirse ni establece un calendario para tramitarlos.
El portavoz socialista cuestionó la necesidad de esperar a esa modificación para avanzar. Recordó que otras comunidades autónomas disponen ya de instrumentos para aplicar gravámenes vinculados a las estancias turísticas y acusó al Gobierno local de haber variado su posición en distintos debates plenarios.
«El posicionamiento político se demuestra con el voto», respondió el representante del PSOE al grupo popular. Los socialistas sostuvieron que la enmienda sustituye una petición concreta dirigida a la Junta por un planteamiento que retrasa una posible aplicación.
La enmienda salió adelante con los votos del PP. El resultado mantiene abierta la discusión sobre la tasa, pero desplaza el debate desde su habilitación autonómica inmediata hacia las condiciones legales y políticas que, según el Gobierno municipal, deberían cumplirse previamente.
La sesión tampoco resolvió qué administración debe impulsar el marco normativo. Mientras el PSOE reclamaba una actuación de la Junta de Andalucía, el PP situó el cambio necesario en la legislación estatal sobre haciendas locales.
Para que la tasa turística llegue a cobrarse en Cádiz sería necesario resolver primero su encaje normativo y aprobar posteriormente su aplicación efectiva en el municipio. Ninguno de esos pasos se produjo durante el pleno de este jueves.
