La parlamentaria Ascen Hita defiende una iniciativa en la que se insta al Gobierno a que modifique de forma urgente la Ley de Asistencia Gratuita y financie con sus presupuestos este servicio
La parlamentaria gaditana, Ascen Hita, ha defendido esta mañana en la Comisión de Justicia del Parlamento de Andalucía que “se garantice la asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencias sexuales,” para lo que insta al Gobierno a que “de forma urgente modifique la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y financie este servicio con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, tal como establece el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género”.
Hita ha criticado que el Gobierno ha incumplido el plazo para esa modificación ya que “hace casi un año que debió asumir esa prestación pero, a fecha actual, las víctimas de violencia sexual siguen sin tener garantizado su derecho a una defensa gratuita e integral”.
“Estamos en una situación preocupante en la que las víctimas de agresión sexual están en una situación de indefensión y es un agravio respecto a otras víctimas de violencia que si tienen reconocido este derecho. Se trata de injusticia y de abandono que no podemos tolerar en una sociedad que defiende los derechos de las mujeres”, ha afirmado.
La diputada popular ha explicado que, ante esta “situación inadmisible”, desde el gobierno andaluz si se está garantizando la asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencia sexual a través del turno de guardia específico de violencia de género. “Pero esta medida no puede ser la solución definitiva. La competencia y la obligación de garantizar una asistencia jurídica gratuita eficaz, integral y universal para estas víctimas recae sobre el Gobierno de la Nación”.
En su intervención, ha destacado que según el último informe del Ministerio del Interior, los delitos contra la libertad sexual aumentaron en 2023 un 15% respecto al año anterior, siendo el 70% de las víctimas menores de 30 años. Igualmente, según el “informe Violencia Sexual en España”, elaborado por el Grupo de Estudios Avanzados en Violencia (GEAV) de la Universidad de Barcelona, se estima que cada año unas 350.000 personas en España sufren algún tipo de violencia sexual, aunque la mayoría de estas agresiones nunca llegan a denunciarse. “Una parte significativa de las mujeres agredidas sexualmente no denuncian porque no saben qué hacer, temen el proceso judicial o porque no tienen los recursos para enfrentarse a él y es fundamental garantizar la asistencia jurídica gratuita”.
Para el PP “ no basta con las palabras, con las declaraciones de intenciones o con los compromisos internacionales. Necesitamos hechos. Las víctimas de violencia sexual no pueden esperar más, necesitan un sistema que las proteja desde el primer momento, que les brinde asesoramiento jurídico desde que deciden denunciar, que las acompañe durante todo el proceso judicial y, si es necesario, incluso más allá, durante la ejecución de la condena”.
Según Hita “no es solo un problema de protección jurídica, es un problema de justicia social. No podemos consentir que, por culpa de la inacción del Gobierno Central, haya mujeres víctimas de violencia sexual que se queden sin defensa. No podemos permitir que haya una justicia de dos velocidades, donde unas víctimas reciben más derechos que otras en función del tipo de agresión que sufren. Estamos hablando de una cuestión de justicia, de dignidad y de igualdad”.
Igualmente, ha lamentado la gestión del Ministerio de Igualdad “que ha fallado estrepitosamente en proteger a las mujeres de manera efectiva. No se trata únicamente de la demora en garantizar la asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencia sexual, sino de una serie de leyes que, lejos de mejorar la situación, han generado graves consecuencias y vulnerabilidades para las mujeres”.
Al respecto, ha recordado que tras seis años de gobierno central, el Ministerio de Igualdad ha aprobado tres leyes que, “lejos de cumplir con sus objetivos, han generado efectos nefastos para las mujeres”. Así, ha apuntado a las consecuencias de Ley del «Solo sí es sí” con más de 1.300 agresores sexuales que han visto reducidas sus condenas y más de 200 están en la calle; la desprotección generada con la modificación de la Ley de Paridad que permite el despido durante un permiso por conciliación; y la Ley Trans que conlleva una inseguridad jurídica que, en última instancia, perjudica a las mujeres.“¿Cómo podemos hablar de justicia e igualdad cuando las propias leyes, lejos de proteger, generan más problemas y conflictos?”, ha concluido Hita.