El PP reclama ayudas a los cerealistas ante pérdidas de 120 euros por hectárea

Pedro Gallardo pide un plan extraordinario de ayudas a los cerealistas, cambios en los seguros agrarios y una revisión de la Ley de la Cadena Alimentaria en una provincia con más de 91.000 hectáreas dedicadas al cereal.

El Partido Popular ha reclamado al Gobierno de España un plan extraordinario de ayudas directas y compensaciones para los productores de cereal ante el incremento de los costes. El portavoz de Agricultura del Grupo Popular en el Congreso, Pedro Gallardo, sostiene que determinadas explotaciones están registrando pérdidas de 120 euros por hectárea.

Según los cálculos expuestos este jueves 24 de septiembre por el diputado, producir una hectárea de trigo blando cuesta alrededor de 840 euros, mientras que los ingresos obtenidos por su venta se sitúan en unos 720 euros. La diferencia provoca, de acuerdo con sus datos, que la producción no resulte rentable para los agricultores.

La petición tiene una incidencia directa en la provincia de Cádiz, donde existen más de 91.000 hectáreas dedicadas al cultivo de trigo, cebada y avena. La superficie gaditana representa, según la información facilitada por el PP, más del 15% de los cereales de invierno cultivados en Andalucía.

El trigo duro concentra aproximadamente la mitad de la superficie cerealista de la provincia. Gallardo también situó el peso del sector primario en torno al 4% del empleo provincial y defendió la importancia del cereal para la ganadería, la industria agroalimentaria y la actividad económica de las zonas rurales.

El PP ha trasladado sus propuestas mediante una proposición no de ley de apoyo al sector cerealista. La iniciativa solicita un plan de ayudas a los cerealistas que permita compensar el encarecimiento de los fertilizantes, la energía y el gasóleo, aunque la información difundida no establece la dotación económica, las condiciones de acceso ni la cuantía que recibiría cada explotación.

La propuesta incorpora también una revisión de los seguros agrarios para adaptarlos a la situación de los cultivos, un mayor control de las importaciones y cambios en las herramientas fitosanitarias permitidas a los productores españoles.

Otro de los puntos planteados es la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria. Gallardo afirmó que la norma, concebida para impedir que los agricultores vendan por debajo de sus costes de producción, «no se cumple» y pidió que su aplicación refleje adecuadamente todos los gastos asumidos durante el cultivo.

El representante popular aseguró además que desde 2018 se ha perdido un 7,6% de la superficie dedicada al cereal en España. Gallardo utilizó este dato para criticar la actuación del Ejecutivo central y reclamar que el Gobierno defienda ante las instituciones europeas las particularidades del cereal cultivado en el país.

El diputado comparó la situación española con la de Francia, donde, según explicó, se ha habilitado un fondo específico para los productores cerealistas. En su intervención también criticó al ministro de Agricultura por su candidatura a la dirección general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Gallardo abordó igualmente el tratamiento fiscal de las ayudas concedidas por los daños ocasionados por las borrascas. El PP denuncia que los agricultores y ganaderos deben incluir en el IRPF las cantidades abonadas por la Junta de Andalucía, mientras que las ayudas concedidas por el Ministerio de Agricultura están exentas.

«Las ayudas de la Junta deben tener el mismo tratamiento que las ayudas del Gobierno central», defendió. El diputado argumentó que ambas tienen como finalidad reparar daños y permitir que las explotaciones afectadas recuperen su actividad, con independencia de la administración que entregue los fondos.

El PP pide por ello que las ayudas autonómicas por las borrascas queden también exentas de tributación. La nota del partido no incluye una respuesta del Gobierno central a esta reclamación ni concreta los expedientes o convocatorias a los que afecta la diferencia fiscal denunciada.

Las dos iniciativas quedan planteadas como propuestas políticas pendientes de tramitación. Ni el plan extraordinario para los cerealistas ni la modificación tributaria anunciada cuentan por ahora con calendario, presupuesto o condiciones definitivas de aplicación.