El Partido Popular ha indicado hoy, tras las declaraciones del alcalde sobre la sentencia del contencioso administrativo que desestima el recurso interpuesto por Subdelegación del Gobierno contra el acuerdo de la municipalización de los Servicios de Playa, que “una irresponsabilidad es que el alcalde se vanaglorie de tener una playa más sucia, con menos servicios, con los trabajadores en peores condiciones y encima más cara”.
Los populares indicaron que el hecho de que los servicios de playa estén costando ahora 340 mil euros más de lo que costaba con la anterior gestión no se ha juzgado porque no hace falta: lo dice el Presupuesto de 2018 en el apartado de aportaciones a empresas. El PP señaló al hilo de este hecho que “por mucha argucia legal que haya utilizado Podemos para poner en riesgo un activo de la ciudad como éste, lo que no va a conseguir el alcalde es decir que la temporada de playas ha sido un rotundo éxito y los gaditanos se lo crean. Las quejas por equipamientos rotos o estropeados, los módulos cerrados, la falta de limpieza, la falta de materiales de los trabajadores, la ausencia de pailas, etcétera han sido constantes todo el verano y eso no lo puede ocultar el alcalde con una frase”.
Los populares también han aclarado al alcalde que, por mucho que lo repita, no va a conseguir que sea verdad que el PP denunció el acuerdo de municipalización. El recurso contencioso administrativo al acuerdo lo interpuso la Abogacía del Estado a instancias de la Subdelegación del Gobierno, “y esperamos que el alcalde no vuelva a las andadas y esté insinuando que los abogados del Estado han realizado acciones no sujetas a derecho porque sería algo grave”.
Los populares concluyeron señalando que, “precisamente es la Abogacía del Estado como parte recurrente en el proceso la que debe decidir tras el análisis de la sentencia si debe o no interponer recurso a la misma, para lo que se debe emitir un informe jurídico que sea el que determine la decisión a tomar por parte de la Subdelegación de Gobierno ¿o es que el alcalde piensa que si la Abogacía del Estado estima lesionado algún derecho de la Administración General del Estado puede eludir la presentación de ese recurso a instancia política?”.