Las supuestas irregularidades que denuncian los socialistas son «facturas infladas, adjudicaciones a dedo, sin expedientes de contratación o contratación verbal y fraccionamientos de contratos»
En tan solo los últimos 4 meses, la intervención municipal ha emitido 7 informes con reparos y negativos al pago de facturas por las irregularidades que ha detectado, mayormente del área de fiestas, que dirige José Manuel Ruiz Alvarado, ahora candidato a la alcaldía de IU, por valor de 983.960 euros.
La intervención municipal dice literalmente que la motivación de los reparos es, en primer lugar, “por omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales (ausencia de expediente de contratación o contratación verbal)”. En segundo lugar, el interventor advierte que, “los gastos han sido aprobados sin que se hayan remitido a esta Intervención para el trámite de fiscalización e intervención previa, siendo el citado informe de Intervención preceptivo y previo. Y que, en algunos casos, se ha comprobado que la fecha de realización del suministro es anterior a la fecha de resolución de aprobación del gasto (supuesto de aprobación extemporánea)”.
Asimismo, el informe indica que, muy especialmente en las delegaciones de fiestas y turismo, “se han tramitado, incorrectamente, expedientes de contratos menores, incumpliéndose de forma notoria y reiterada los artículos 1.1, 28.4, 99,2 y 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y la Instrucción 1/2009 de 28 de febrero, de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación”.
De igual modo, el interventor en los 7 informes negativos pone de manifiesto, además, que las facturas vienen conformadas por el político responsable de cada área, no disponiendo de información para comprobar si los importes de las facturas se ajustan o no a los precios de mercado.
Finalmente, y es lo más grave de este asunto, que, a pesar de que el interventor suspende la tramitación de los pagos por todas estas irregularidades detectadas, sí se han ordenado el pago de las facturas supuestamente fraudulentas.
En definitiva, las supuestas irregularidades que se denuncian son facturas infladas, adjudicaciones a dedo, sin expedientes de contratación y fraccionamientos de contratos. Todo ello, para eludir la aplicación de los principios básicos de la contratación pública: libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos.
Así las cosas, el PSOE ha puesto los hechos en conocimiento, tanto de la Fiscalía como del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Chiclana de la Frontera, por si pudieran ser constitutivos de alguna infracción penal.