El PSOE denuncia que las oficinas de la Junta reducirán a menos de 200 las VPO previstas en Tolosa Latour
El PSOE de Cádiz critica que parte del suelo de Tolosa Latour se destine a dependencias administrativas de la Junta de Andalucía y sostiene que esta decisión reducirá el número de VPO previstas inicialmente, mientras el acuerdo entre las administraciones continúa sin cerrarse.
El PSOE de Cádiz ha denunciado que la instalación de dependencias administrativas de la Junta de Andalucía en los terrenos de Tolosa Latour reducirá a menos de 200 el número de viviendas protegidas previstas inicialmente en esta parcela. El portavoz municipal socialista, Óscar Torres, ha criticado además que el acuerdo entre el Ayuntamiento y la Administración autonómica continúe sin concretarse más de un año y medio después de la firma del convenio inicial.
La controversia afecta al futuro de los suelos públicos de la Junta en Cádiz y, particularmente, a la parcela de Tolosa Latour. Según la información aportada por el PSOE, el Gobierno andaluz pretende reservar parte de estos terrenos para concentrar diferentes servicios administrativos, lo que disminuiría la superficie disponible para uso residencial.
Torres asegura que el convenio entre el Ayuntamiento de Cádiz y la Junta de Andalucía se firmó en enero de 2025 y recuerda que en enero de 2026 se anunció como «inminente» un acuerdo de detalle. Sin embargo, según el portavoz socialista, en agosto ese documento todavía no está cerrado y tampoco se conoce el número definitivo de viviendas protegidas que podrán construirse.
Las VPO de Tolosa Latour quedarían por debajo de las 200
El principal reproche del PSOE se centra en el cambio de usos previsto para una parte de Tolosa Latour. La formación sostiene que la Junta quiere ubicar en estos terrenos dependencias de la Policía Autonómica, el servicio de emergencias 112, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y la Agencia Digital de Andalucía (ADA).
Según Torres, esta decisión dejaría «la cifra final por debajo de los 200 pisos previstos inicialmente». El portavoz considera que la utilización de suelo inicialmente residencial para oficinas autonómicas supone reducir las posibilidades de construir vivienda pública en una ciudad con dificultades de acceso a la vivienda.
El PSOE dirige también sus críticas al alcalde de Cádiz, Bruno García, al que reclama una posición más exigente ante la Junta. Torres sostiene que, transcurridos 18 meses desde el convenio inicial, todavía no han comenzado las obras de las viviendas y acusa al Gobierno municipal de presentar como avances unas negociaciones que siguen pendientes de concretarse.
«Tras año y medio de fotos y anuncios, la Junta sigue sin concretar las VPO en sus solares», afirma el portavoz socialista, que considera que el Ayuntamiento debería priorizar el uso residencial de los terrenos frente a la implantación de nuevas oficinas administrativas.
Críticas por la política de vivienda de la Junta en Cádiz
La formación amplía sus críticas a la gestión de otros suelos autonómicos en la capital. Torres menciona el solar de Loreto y sostiene que la Junta ha obtenido ingresos mediante la venta de patrimonio público que podría haberse destinado a incrementar la oferta de vivienda protegida.
El portavoz socialista asegura además que una VPO de 50 metros cuadrados puede alcanzar los 220.000 euros en Cádiz frente a los 95.000 euros que, según los datos aportados por su formación, costaría una vivienda equivalente en San Fernando. La nota del PSOE no especifica las promociones concretas utilizadas para realizar esta comparación.
El debate sobre Tolosa Latour se produce en un contexto marcado por la disponibilidad de suelo para vivienda en la capital. El PSOE vincula la falta de vivienda asequible con la pérdida de población y reclama que los terrenos públicos disponibles tengan prioritariamente una finalidad residencial.
Torres pide a Bruno García que reclame «compromisos vinculantes» al Gobierno autonómico para desarrollar las promociones pendientes. Según el PSOE, año y medio después de la firma del convenio entre ambas administraciones, el acuerdo definitivo sigue pendiente y todavía no existe actividad constructiva en los terrenos de titularidad autonómica incluidos en la negociación.
