La parlamentaria andaluza, Araceli Maese, ha valorado positivamente el impacto que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía aprobada ayer en la cámara andaluza tendrá en la provincia de Cádiz, donde se legalizarán viviendas en los municipios de Chiclana, Chipiona, La Línea, El Puerto de Santa María y Tarifa, entre otros. La norma, explica la diputada, “dota de seguridad jurídica y garantiza el derecho a la vivienda a miles de gaditanos y gaditanas que así lo han demandado”. “Es un compromiso más cumplido por el Gobierno de la Junta de Andalucía presidido por Susana Díaz, donde se pone de manifiesto cómo el ejecutivo andaluz destina todas sus fuerzas y recursos al servicio de los derechos de los andaluces y andaluzas”, ha recalcado.
La también secretaria de Organización ha destacado la implicación del PSOE que demuestra así a través de las instituciones que gobierna que somos una herramienta útil para solucionar los problemas de los ciudadanos. Y en este sentido, también ha querido subrayar el trabajo realizado por el socialista gaditano Rafael Márquez, desde la secretaría general de Ordenación del Territorio de la Junta para elaborar una norma que “es la solución necesaria para que los propietarios puedan ejercer sus derechos pero también sus obligaciones con respecto a sus viviendas”.
Maese ha asegurado que el texto además de responder a una demanda ciudadana y poner fin a una situación dramática para miles de familias, “cuenta con las aportaciones de los agentes sociales implicados y los grupos parlamentarios representados en la cámara”.
La diputada gaditana ha respondido a las críticas del Partido Popular que “se atreven a decir que no vamos a solucionar una parte importante de las viviendas irregulares y dicen que llega tarde cuando no han movido un dedo desde las instituciones en las que gobiernan para llevar la iniciativa en la solución del problema”. “Como es costumbre en la derecha solo lo han utilizado en campañas electorales para reunirse con los afectados y después nada de nada”, ha apuntado. “Hemos tenido que ser los socialistas desde la oposición en el Gobierno de España durante la anterior legislatura 2011-2015 quienes hemos impulsado desde las Cortes Generales el cambio de dos leyes vitales sobre esta problemática, la del Código Penal y la Jurisdicción Contencioso Administrativa”, ha resaltado.
“La solución del problema de las viviendas de unas 30.000 familias tiene el sello de la iniciativa del gobierno socialista, y por supuesto, enriquecida con las aportaciones del resto de grupos políticos, pero el PP tuvo su oportunidad donde han gobernado, y una vez más han preferido mirar hacia otro lado y utilizar el problema como arma arrojadiza contra el Gobierno de la Junta de Andalucía”, afirma.
Frente a quienes se sitúan contrarios a la aprobación de la Ley, Maese recuerda que “si en Andalucía no se ha venido produciendo un mayor número de regularización de viviendas ha sido por razón de que la normativa andaluza es mucho más estricta que la estatal y la de otras comunidades”.
Maese ha señalado que “la modificación viene a mejorar y a reforzar, tras cuatro años de vigencia, la política de regularización en materia de viviendas irregulares, tratando este asunto con responsabilidad, seriedad y rigor”. “Más aún, teniendo en cuenta que la Loua estaba pensada para urbanizar y después edificar y no para situaciones en las que ya hay edificaciones y después se urbaniza como es el caso de los asentamientos. Con esta modificación posibilitamos la ejecución de estos asentamientos de forma realista y flexible, eliminando trabas, y posibilitando el acceso anticipado a ciertos servicios a través de una nueva figura como es la licencia provisional de uso. Para el Partido Socialista, el urbanismo y la ordenación del territorio han de ser los aliados de la recuperación económica”, concluye.