El parlamentario andaluz del PSOE por Cádiz Manuel Jiménez Barrios ha anunciado tras una reunión mantenida con miembros del comité de empresa del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana que elevará una iniciativa al Parlamento andaluz en la que solicitará una mesa de diálogo entre el Consorcio y la Junta donde, desde el consenso, se establezca el marco de relaciones presentes y futuras y abordar en ese contexto la salida o no de la Junta del ente consorcial.
Asimismo, según ha señalado, en la proposición no de Ley desde el PSOE se exigirá al Gobierno andaluz la reanudación de los compromisos contraídos por la Junta de Andalucía para la mejora y modernización de las instalaciones que dan servicio a 19 municipios de la provincia, y en el último punto propondrá reivindicar el «enorme esfuerzo» hecho por los municipios hasta el momento.
A juicio de Jiménez Barrios, «la Junta no puede dar la espalda a los ayuntamientos y tiene que ser consciente de que es un asunto capital para la salud de casi un millón de habitantes que se abastecen de la red en alta, así como es importante también para el desarrollo económico, pues hay que dar respuesta a las garantías que exigen las empresas para instalar sus proyectos en el territorio gaditano».
El parlamentario gaditano ha realizado un recorrido por la historia del Consorcio desde su creación en 1945 y posterior traspaso a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, así como por la legislación que ampara la regulación de la creación del ente consorcial por parte de los ayuntamientos y los estatutos, además del protocolo de colaboración de 2005 y convenio de colaboración firmado en 2006 entre la Consejería de Medio Ambiente, la Confederación y los ayuntamientos, donde se comprometían a financiar el programa de infraestructuras y crear un grupo de trabajo para concretar actuaciones a acometer.
Jiménez Barrios ha explicado que los ayuntamientos han cumplido su parte creando el ente pero «siempre con la condición de culminar el plan de revisión y mejora de las instalaciones que suministran en alta a todas las poblaciones como se firmó en 2005» y actualmente, «quedan bastantes instalaciones por transferir».
El balance descrito por el parlamentario socialista es que había previstas obras por valor de 288 millones de euros, 73 millones ha acometido la Junta, 78 millones el Gobierno de España y quedan 131 millones por ejecutar. El propio Consorcio ha acometido con sus propios recursos obras por valor de 19 millones como es el caso de la Línea de Fangos de la ETAP de Cuartillo.
Según Jiménez Barrios, en los últimos tres años la Junta ha paralizado las inversiones y el Consorcio se ha visto obligado a recaudar el canon del trasvase Guadiaro-Majaceite que debería ejecutar la Junta y supone un adelanto de casi 1,6 millones de euros al año
«El Consorcio necesita de la Junta para el cumplimiento del protocolo y para hacer frente a las nuevas necesidades que han surgido con el incremento poblacional, la antigüedad de las instalaciones y los nuevos compromisos de ejecutar obras», ha afirmado el dirigente socialista, que ha recordado que «hay un informe que recoge como muy urgente obras por valor de 92 millones de euros».
Jiménez Barrios ha lamentado que la Junta en noviembre de 2019 notificase que a partir de diciembre dejaría de formar parte del Consorcio y en julio de 2020 se convocó una asamblea donde se dio cuenta del escrito de separación de la Junta, «pero desde el Consorcio se recordó entonces que la Junta, que ni siquiera asistió a esa asamblea, aún debía su cuota de 292.847 euros por el ejercicio de 2019, más la misma cantidad de 2020 y la que corresponda a 2021».
Así, ha explicado que los ayuntamientos llegan a la conclusión de que la Junta no puede separarse unilateralmente». «Jurídicamente podría hacerlo, pero con un proceso reglado que tiene que cumplir como administración», que como según ha señalado no se ha hecho, «tiene la obligación de permanecer y satisfacer las cuotas».