Maese lamenta que los ayuntamientos tengan que suplir con recursos propios los servicios que debería prestar la Junta al afrontar la pandemia
La diputada en el Parlamento de Andalucía y secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Araceli Maese, ha denunciado hoy, tomando como ejemplo a Arcos, el abandono y la marginación de la Junta de Andalucía “que encima echa sobre las espaldas de los alcaldes y alcaldesas la responsabilidad de los servicios que deberían de estar prestando desde el Gobierno andaluz para atender debidamente los efectos de la pandemia”.
Así, se ha referido a cuestiones esenciales en estos momentos como la limpieza y desinfección de las aulas. Según ha detallado la secretaria general del PSOE en Arcos, Ana Carrera, el ayuntamiento tendrá que hacer frente este curso a un coste por valor de un millón de euros para destinarlo a la limpieza de los colegios “que se detraerán de otras necesidades”. Del mismo modo, ha denunciado que hay varios centros educativos en la localidad a los que aún no han dotado de los docentes suficientes para desarrollar el curso con normalidad. En la misma línea, ha reclamado que se desdoblen aulas, así como más monitores para las aulas matinales y comedores y dotar del personal necesario para respetar los grupos burbujas.
Junto al alcalde de Arcos, Isidoro Gambín, Maese y Carrera han comparecido frente al centro de salud de la Corredera, “ejemplo patente de la falta de gestión y recursos”, para denunciar la presión que, a su juicio, sufren los profesionales sanitarios.
“No puede tolerarse que un ciudadano de Arcos tarde más de una quincena en poder ser asistido en un centro de salud, hemos pedido que se refuercen las plantillas porque enfermeros y médicos están duplicando su trabajo, atosigados por el trabajo extraordinario del COVID, la campaña de la gripe y el devenir diario con muchas personas mayores que no están siendo atendidas presencialmente como debieran”, ha señalado Maese que entiende que en educación también se produce esa falta de personal, se superan las ratios establecidas y la gestión de la crisis recae sobre los equipos directivos sin apenas recursos.
Maese ha recordado además el ataque a la autonomía local que comete la Junta al quitar de la gestión a los equipos municipales de valoración que son la primera barrera para aplicar la Ley de la Dependencia por lo que ha vaticinado un colapso seguro en el número de expedientes que ya sufría un retraso considerable.
La parlamentaria andaluza se ha referido también al plan Itínere para el arreglo de caminos del que Arcos ha quedado excluido o el plan Andalucía en marcha en cuyo listado de proyectos no aparece la localidad serrana.
Maese ha pedido al Gobierno andaluz menos exhibicionismo y más seriedad ante la situación que están viviendo los alcaldes que necesitan su ayuda y colaboración e ir de la mano en una situación tan compleja como la pandemia.
Ana Carrera ha insistido en esa orfandad hacia la política local por parte de la Junta en temas fundamentales como el empleo. La diputada provincial ha explicado que en ediciones anteriores, Arcos había obtenido más de dos millones de euros y esta ve solo 800.000 de los que el ayto tiene que poner una cantidad superior a 400.000 euros cuando las políticas activas de empleo son competencias de la Junta. La Diputación ha dotado al municipio de un plan de empleo sin requerir a los ayuntamientos ningún gasto, ha apuntado.
La dirigente socialista ha exigido a la Junta que mejore la atención a los servicios sociales y lamenta que “se hayan derivado a entidades privadas, se están produciendo retrasos de hasta mes y medio en las entregas, no se sabe a cuántas familias se podría atender y resulta que ahora en septiembre han comunicado que están ya agotadas las partidas”. “Todo un despropósito que las ayudas para alimentación a las familias tengan un retraso de mes y medio y tras esa espera, les digan que no van a poder acceder”, ha indicado.
El alcalde, que se ha ratificado en las declaraciones de ambas dirigentes, ha puesto el énfasis en la discriminación que ha sufrido Arcos en el plan Itínere que ha rechazado el proyecto de acceso al centro Juan Candil, muy importante para facilitar el trabajo a las explotaciones agrícolas de la zona. Para Gambín, lo más grave ha sido el letal recorte de un 60 por ciento en los planes de empleo, lo que afecta de lleno a las expectativas económicas del municipio.
Los tres han instado a la delegada del Gobierno andaluz, Ana Mestre, a que visite el municipio al que “no se ha dignado a venir y empiece a recomponer todos los destroos que hasta el momento han hecho aquí” y que, en su opinión, están siendo suplidos con recursos propios por parte del ayuntamiento y con la ayuda que prestan la Diputación provincial y el Gobierno de España.