Maese recuerda el 27 por ciento de paro según la EPA y exige a la Junta una dotación mínima de 278 millones y una partida especial para jóvenes
La diputada por Cádiz en el Parlamento de Andalucía y secretaria de Organización, Araceli Maese, anunciado hoy que el PSOE presentará en los plenos de los ayuntamientos y en la Diputación una moción para exigir a la Junta de Andalucía que pongan en marcha, de manera inminente, nuevos planes de empleo para los ayuntamientos dotados al menos con 278 millones de euros, la misma cantidad que el Gobierno de Susana Díaz dejó establecida en 2018.
Maese recuerda el 27 por ciento de paro en la provincia según la última EPA que afecta sobre todo a colectivos como los jóvenes y las mujeres. De ahí que en la iniciativa reclamen también una dotación específica diferenciada dirigida a los colectivos de jóvenes desempleados menores de 30 años, los jóvenes desempleados mayores de 30 años, pero también para los desempleados mayores de 45 años, y los desempleados mayores de 55 años, parados de larga duración, entre otros colectivos prioritarios.
“Y le pedimos algo que es fundamental para el éxito de las medidas, para que no paso como el Plan Aire que se quedó en humo, queremos que los nuevos planes de empleo no exijan cofinanciación alguna por parte de las entidades locales”, ha precisado.
Maese ha explicado que además “queremos que el Gobierno andaluz mire por todos y por eso hemos llevado al Parlamento y se ha aprobado el mantenimiento de los centros especiales de empleo abonando con urgencia las subvenciones de la Junta de 2020 y convocando lo antes posible la convocatoria de 2021”. “El número de personas con discapacidad demandantes de empleo también ha crecido en 13.000 personas en la crisis del coronavirus y el empleo constituye la clave de la integración social para las personas con discapacidad, así que debe ser una prioridad para el Gobierno de la Junta, que tiene que destinar esfuerzos y recursos de manera constante”, asegura.
Frente a la gestión del Gobierno de España para frenar la pérdida de empleo con inversiones como los 253 millones en ERTES en la provincia desde que comenzó la crisis o los esfuerzos que hace la Diputación que ha dispuesto ya un total de casi 120 millones de euros y contando sólo hasta 2020 ha generado más de 13.500 empleos, la diputada andaluza ha puesto el foco en lo “poco que hace quien tiene las competencias en políticas activas de empleo, es decir, la Junta”.
Así ha señalado que “el Gobierno de Moreno Bonilla no ha ejecutado 500 millones en empleabilidad desde el SAE en estos dos años, y en políticas de empleo en general se han dejado de gastar más de 900 millones destinados a los parados andaluces, autónomos”. “Llevan dos años y medio sin convocar escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo para ayuntamientos, cuando lo han anunciado, y además teniéndolo presupuestado”, indica para apuntar que es fruto de lo que reciben de la conferencia sectorial de empleo del gobierno de España.
Maese ha pues de ejemplo que “hay ayudas e incentivos tan importantes como el bono empleo joven que han estado más de 800 días en un cajón sin resolver”. “La última convocatoria fue puesta en marcha por el gobierno socialista y el gobierno de Moreno Bonilla, el de la anticipación, lo ha resuelto hace unos días, y además, sin expectativas de nueva convocatoria, igual que los incentivos a la contratación que también pusimos en marcha los socialistas”.
La dirigente socialista lamenta que “las ayudas estén totalmente paralizadas que están dejando morir, simplemente porque fueron puestas en marcha por el gobierno anterior y daban buenos resultados”. “De hecho se encontraron 200.000 parados menos de los que hay ahora”, apostilla. Maese abunda en que se ha producido “un abandono total a los ayuntamientos, ya que no han puesto ni un programa en marcha para ayuntamientos, solo han pagado lo que dejó concedido el PSOE-A”.
En último término, también ha reprochado al Gobierno andaluz que hayan recortado el programa de orientación e intermediación laboral, las acciones experimentales “y además de todo ello, están privatizando la intermediación laboral adjudicando a agencias privadas de colocación lo que hacen los empleados públicos, que contratan técnicos por 1.000 euros brutos mes”.