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Bahía de Cádiz y La Janda

El sector pesquero artesanal de Cádiz reclama un reparto justo de la cuota de atún rojo para garantizar su supervivencia

La flota artesanal denuncia exclusión en la distribución de cuotas y advierte del riesgo de desaparición ante la falta de alternativas sostenibles

El sector pesquero artesanal del litoral gaditano celebra la recuperación histórica del atún rojo (Thunnus thynnus), un logro medioambiental que abre oportunidades para fortalecer la economía local basada en la pesca sostenible. Sin embargo, las flotas artesanales denuncian la exclusión sistemática en el reparto de la cuota de atún rojo, un recurso clave para su actividad y supervivencia.

Desde Conil de la Frontera, donde la pesca artesanal tiene una larga tradición, el sector alerta de la reducción del 50 % en el número de embarcaciones en la última década. En 2015, el puerto contaba con más de 80 embarcaciones, mientras que hoy apenas quedan 40 activas. La falta de acceso a cuotas rentables como la del atún rojo y la ausencia de alternativas viables de pesca están empujando a la desaparición a estas flotas, que cumplen estrictos criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica.

La problemática se agrava por la disminución de especies tradicionales en el Estrecho de Gibraltar, afectadas por el cambio climático, la invasión del alga asiática Rugulopteryx okamurae y la presencia permanente de atún rojo, que altera los ecosistemas y reduce las capturas de otras especies.

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Raúl García, coordinador de Pesquerías de WWF España, ha denunciado la desigualdad en el reparto de cuotas: “Mientras embarcaciones artesanales en puertos como Tarifa disponen de apenas 1,5 toneladas de cuota y carecen de alternativas, grandes empresas acumulan más de 3.700 toneladas destinadas al engorde. Este es uno de los repartos más desiguales e injustos, que requiere una revisión urgente para priorizar equidad y sostenibilidad.”

Por su parte, Nicolás Fernández, gerente de la Organización de Productores Pesqueros Artesanales Lonja de Conil (OPP72), ha señalado que “el Gobierno de España tiene la responsabilidad de garantizar una distribución justa conforme a la Ley 5/2023 de Pesca Sostenible e Investigación”. Además, ha lamentado “el silencio de la Junta de Andalucía, que no ha apoyado firmemente las legítimas reivindicaciones del sector artesanal.”

Las flotas artesanales instan a las administraciones a corregir esta desigualdad para asegurar su acceso justo a los recursos pesqueros, condición esencial para la viabilidad del sector y la conservación de un modelo de pesca sostenible que genera empleo y mantiene el arraigo en las comunidades costeras de Cádiz.

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