El Sindicato de Inquilinas convoca a frenar el desahucio en Cádiz de una pareja el lunes 19

El colectivo llama a la ciudadanía a concentrarse para impedir el desahucio en Cádiz de Juan Antonio y Marisol, previsto el 19 de enero en la calle Matrona Modesta Calvo tras la reactivación del procedimiento judicial.

El Sindicato de Inquilinas de Cádiz ha convocado a vecinos y colectivos a asistir el lunes 19 de enero a las 08:00 horas a la calle Matrona Modesta Calvo número 5 con el objetivo de intentar frenar el desahucio de Juan Antonio y Marisol, pareja residente desde hace 22 años en la vivienda que ahora se encuentra en procedimiento de lanzamiento judicial.

La movilización se produce tras la reactivación del procedimiento por parte del juzgado y la ausencia de acuerdo entre la familia y la propiedad, vinculada al banco BBVA y al fondo Divarian, según informó el colectivo. Un primer intento de lanzamiento estaba previsto el 26 de noviembre, pero quedó paralizado debido a la presencia de vecinos y activistas que se concentraron en el inmueble para impedirlo.

Tras aquella suspensión, la familia esperaba una resolución sobre la solicitud de suspensión indefinida del desahucio mientras aportaba documentación acerca de su situación personal y económica. El juzgado reclamó información sobre la vulnerabilidad del matrimonio y la falta de alternativa habitacional, incluida la acreditación de pensiones, enfermedades cardiorrespiratorias y ausencia de red familiar en la ciudad. La resolución denegatoria llegó menos de una semana antes de la nueva fecha, confirmando que el procedimiento se mantiene.

La notificación tardía complica el traslado de los objetos personales acumulados durante los más de veinte años de residencia en la vivienda, generando incertidumbre ante la posibilidad de un desalojo inminente sin alternativa habitacional.

El Sindicato de Inquilinas también critica la respuesta institucional. Según su comunicado, los servicios sociales municipales contactaron por primera vez con la familia tras la paralización del primer intento de desahucio, ofreciendo únicamente adelantarles en la lista de espera de Procasa. No se habría planteado, según el colectivo, un realojo inmediato ni una mediación con la entidad financiera o con el juzgado que permitiera la continuidad en la vivienda.

El colectivo sostiene que la situación es resultado de la falta de acuerdo con la propiedad, el avance del procedimiento judicial y la ausencia de soluciones institucionales que garanticen alojamiento a familias vulnerables. La organización considera que la movilización ciudadana puede retrasar o impedir el lanzamiento y apela a la participación vecinal para intentar evitarlo.

El caso se integra en un contexto de conflictos relacionados con el acceso a la vivienda en Cádiz, donde distintos colectivos han denunciado un incremento de los desahucios en situaciones de vulnerabilidad y dificultades para acceder a vivienda pública de alquiler. En este escenario, la falta de alternativas habitacionales vuelve a situar el debate en la coordinación institucional y en el papel de las entidades financieras.

El lanzamiento está previsto para el lunes a primera hora de la mañana. En caso de ejecutarse, Juan Antonio y Marisol deberán abandonar la vivienda que han ocupado durante las últimas dos décadas. El Sindicato de Inquilinas afirma que continuará movilizándose para lograr una solución que impida el desalojo y reclama la intervención de las administraciones públicas para abordar la problemática.