La Sala de lo Penal ratifica la condena por desvío continuado de fondos públicos y falsificación documental entre 2007 y 2011.
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de cuatro años y ocho meses de prisión contra Francisco Antonio Macías Domínguez, exvicerrector de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Universidad de Cádiz (UCA), tras acreditarse que desvió fondos públicos de forma continuada para su beneficio personal entre 2007 y 2011. Además, deberá abonar una indemnización de 17.122 euros a la UCA, cumplir una multa de 30.000 euros y enfrentará cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos relacionados con la administración universitaria y fondos públicos.
La Sala de lo Penal desestimó el recurso de casación interpuesto por el condenado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que previamente había rebajado la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Cádiz, reduciéndola de cinco a cuatro años y ocho meses. La sentencia condenatoria contempla un delito continuado de malversación de caudales públicos junto con falsificación de documento oficial, cometidos por un funcionario público.
Según el fallo, Macías Domínguez buscó un enriquecimiento ilegítimo al utilizar fondos de la UCA para gastos personales. Para ello, falsificó documentos administrativos y justificantes de gasto, presentando facturas y tickets que supuestamente correspondían a su actividad como vicerrector, cuando en realidad se trataba de consumos personales en restaurantes, transportes y otros conceptos ajenos a sus funciones oficiales.
El caso se remonta a los años 2007 a 2011, período durante el cual el exvicerrector desvió y justificó fraudulentamente estos fondos. El Tribunal del Jurado lo declaró culpable y le impuso inicialmente cinco años de prisión, cantidad que el TSJA redujo ligeramente tras el recurso presentado por el acusado. Finalmente, el Tribunal Supremo ha ratificado esta condena, consolidando así la sanción y las medidas accesorias.
Esta sentencia refuerza el compromiso judicial con la lucha contra la corrupción y el uso indebido de recursos públicos, especialmente en el ámbito universitario, subrayando la responsabilidad que conllevan los cargos de dirección y administración en instituciones públicas.
