El TSJA ratifica una condena de dos años por vender droga en Cádiz
La condena por vender droga en Cádiz se basa en seis operaciones observadas por la Policía Nacional durante diez días de agosto de 2022 en una vivienda de la capital.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de dos años de prisión impuesta a una mujer por vender cocaína desde una vivienda de Cádiz capital. La resolución rechaza el recurso presentado por la defensa contra la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cádiz.
La condena por vender droga en Cádiz tiene su origen en una investigación desarrollada en agosto de 2022. Ante las sospechas de que la acusada distribuía sustancias estupefacientes desde el interior de un inmueble, la Policía Nacional estableció un dispositivo de vigilancia en la zona.
Según recoge la sentencia, los agentes observaron durante ese mes varias entregas de papelinas de ‘rebujito’ a consumidores. Algunas de estas personas fueron interceptadas después de realizar la compra.
Las vigilancias permitieron documentar seis operaciones a lo largo de diez días. Varias se produjeron en horario diurno y, de acuerdo con el tribunal, siguieron un procedimiento idéntico: la droga era entregada a través de una ventana del piso bajo del edificio.
La Audiencia Provincial consideró acreditada la participación de la acusada y la condenó como autora de un delito contra la salud pública relacionado con sustancias que causan grave daño a la salud. La defensa recurrió ante el TSJA al alegar quebrantamiento de normas y garantías procesales, además de un error en la valoración de la prueba.
Uno de los principales argumentos del recurso cuestionaba la identificación realizada por el agente que aseguró haber visto a la mujer efectuar las entregas. La defensa sostuvo que esa identificación no resultaba creíble porque el propio atestado indicaba que la investigada trataba de ocultarse detrás de unas cortinas y de un trozo de madera instalado en la ventana.
El TSJA señala que esta cuestión ya fue analizada durante el juicio y resuelta por la Audiencia Provincial. El agente instructor explicó en la vista que la madera no cubría completamente la ventana y que desde la calle podía verse a la acusada mientras realizaba las entregas desde el interior de la vivienda.
Para el tribunal, no existe contradicción entre este testimonio y el contenido del atestado policial. La resolución razona que el intento de la investigada por esconderse no implica que consiguiera evitar ser vista por los agentes.
La Sala también tiene en cuenta que las observaciones policiales no se limitaron a una única ocasión. La identificación se repitió durante seis operaciones distribuidas en diez días, algunas de ellas a plena luz del día durante el mes de agosto y con la misma forma de actuar.
La defensa planteó además que el inmueble era utilizado como punto de venta de drogas y estaba ocupado en su mayor parte, por lo que las transacciones podrían haber sido realizadas por otros vecinos. También sostuvo que no se había acreditado que la acusada viviera en el piso bajo desde el que se efectuaban las entregas, ya que residía sin título en la primera planta, cuyas ventanas daban a un patio interior.
El TSJA descarta que la posible intervención de otro residente esté respaldada por las pruebas. Según la resolución, los agentes no atribuyeron la autoría a la mujer por las características del edificio, sino porque la identificaron visualmente como la persona que entregaba las sustancias desde una ventana concreta.
La mera formulación de una hipótesis alternativa sin apoyo en los datos de la causa no genera, según la Sala, una duda razonable que permita invalidar la prueba directa presentada durante el juicio.
Respecto al domicilio de la condenada, el tribunal considera que para determinar la autoría no resulta relevante que tuviera o no algún título sobre el piso bajo ni que residiera formalmente en esa vivienda o en la planta superior. La sentencia da por probado que fue vista realizando las entregas desde el interior del inmueble utilizado para las operaciones.
El TSJA concluye que la Audiencia Provincial explicó de manera suficiente por qué otorgó credibilidad a los testimonios policiales. La resolución alude a la persistencia y coherencia de las declaraciones de los agentes, la ausencia de contradicciones y la inexistencia de motivos que cuestionaran su actuación, por lo que desestima el recurso y mantiene la pena de dos años de cárcel.


